Tras un receso de dos semanas, por los dos lunes feriados, la Comisión Investigadora del Papaya Gate retomó sus sesiones, esta vez sin la presencia del diputado Daniel Núñez, quien la preside, en su reemplazo ofició el parlamentario Marcelo Díaz. Estuvieron Rocío Ramírez, ex jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional y Priscilla Carvajal, encargada de la Unidad Auditoria Interna del Gobierno Regional; y además, se aprobó ampliar la comisión al menos en un mes más.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados es por la compra de terrenos para el centro deportivo San Ramón, más conocido como el caso Papaya Gate, en donde se investiga un presunto fraude al fisco de la ex intendenta Lucía Pinto y de José Cáceres, ex administrador regional.
Esta nueva sesión contó con la presencia de Rocío Ramírez, ex jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional y Priscilla Carvajal, encargada de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Regional de Coquimbo, quienes respondieron preguntas.
Rocío Ramírez, explica que estuvo desde marzo del 2018, cuando llegó con Lucía Pinto, hasta noviembre del 2020, momento en que el actual intendente Pablo Herman decidió hacer cambios en esa jefatura.
Su rol era ejecutar y controlar el presupuesto regional, más conocido como el FNDR. «Se controla el presupuesto, y lo que hacen, no como lo presentan. El rol de planificación fue con Contraloría, como nexo técnico, se controla lo que se hizo y aprobó, pueda o no pagarse».
En cuanto al proyecto del centro deportivo, comenta que «si lo hubiera hecho el municipio de La Serena debería haber pedido autorización de Contraloría, en este caso, como era el mismo departamento jurídico, se hace el trámite directamente».
Ante la consulta de quién autorizó la inversión y la orden de pagar, sostiene que «el pago no fue autorizado por la división que dirigí, ocurrió cuando se cobraron unos vale vistas en notaría, y se hizo cuando llegó un estado de pago, por lo que no llegó una orden… Cuando se hizo la compra venta, el departamento jurídico nos pide la emisión de los vales vista. Se emitieron y salieron a resguardo de la notaria».
Agrega que se enteró que se pagaron cuando de finanzas le informan al Servicio de Impuestos Internos (SII) que están siendo inscritos los terrenos. «No recibí instrucciones ni de Lucía Pinto ni de José Cáceres», especifica.
«Me enteré cuando cobraron los vales vista… sale contablemente la plata, pero no es considerado un gasto para el Ministerio de Hacienda, los vale vista se cobraron sin que supiera el gobierno regional», explicó.
Respecto a que si en sus años de experiencia, les parecía habitual un pago sin esperar la toma de razón de Contraloría, comenta que «no lo es… Desde lo que sé nunca había pasado, que se pagara sin la autorización, es complejo porque independiente de que la plata salió del Gore, presupuestariamente no puede ser rebajada porque debe ser devengada, que es una salida contable».
En cuanto al funcionamiento del gobierno regional y sus divisiones, que son seis, «cada una tiene funciones distintas, en el caso de inversiones Planificación lleva el plan de gobierno, la pre inversión y lo que se lleva al Core», hace ver.
Dentro de la tanda de preguntas, del diputado Marcelo Díaz, ella afirma que debido al desorden interno al momento de la compra, había un caos, a lo que Ramírez trató de explicar la forma de operar del gobierno regional y el posterior cobro de los vales vista.
La otra invitada fue la encargada de la Unidad Auditoria Interna del Gobierno Regional de Coquimbo, Priscilla Carvajal Alfaro, quien de entrada comenta que su unidad no tuvo injerencia en la compra, pero del hecho que se busca aclarar sostuvo que «no me llamó la atención porque es habitual que Contraloría pida más antecedentes, después se hizo la relación cuando salió en la prensa».
Por esos terrenos se pagaron 9.800 millones de pesos.