En entrevista con LA REGIÓN, Samuel Donoso Boassi, abogado que representa a la ex intendenta Lucía Pinto en el caso del Papaya Gate, en donde se investiga a la otrora autoridad representante del Presidente de la República, por presunto fraude al fisco en la compra de terrenos para el centro deportivo San Ramón, se refiere al proceso investigativo, a la comisión de la Cámara de Diputados y a otras aristas del caso.
Donoso Boassi, posee una vasta trayectoria, representando al Presidente Sebastián Piñera en casos de derechos humanos, en la defensa de Jorge Yarur, incluso estuvo en el caso SQM.
La causa del Papaya Gate (9.800 millones) está en etapa de investigación, con una fiscal designada a cargo. «Los procesos penales de este tipo son, de acuerdo a la ley, secretos, y tengo prohibición de revelar información de la carpeta de investigación», hace ver el abogado.
Hasta el momento, dentro de lo que se sabe, es que no está formalizada la causa…
«Una cosa son los imputados, y los hay desde que existe una querella, porque la Fiscalía consideró que alguien cometió un delito, y otra cosa es que hayan formalizados, que es cuando ya el Ministerio Público derechamente formaliza la investigación en contra de una persona».
¿Pero entonces hay formalizados?
«No, no los hay, normalmente en estos casos, la Fiscalía antes de formalizar realiza muchas diligencias y trata de acotarlas, porque una vez que formaliza le empieza a correr el plazo de cierre de investigación».
En cuanto a la lentitud del mismo proceso, en septiembre se cumple un año…
«En mi opinión el proceso está avanzando, se han estado haciendo todas las diligencias del caso, nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido. Quiero recordar que doña Lucía Pinto recién iniciada esta investigación penal puso a disposición del Ministerio Público sus cuentas corrientes, sus correos electrónicos, su teléfono celular, todo… Ella abrió completamente toda su información, porque no tiene absolutamente nada que esconder».
Desde abril hasta el pasado martes, se desarrolló una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, Lucía Pinto no asistió…
«Efectivamente Lucía Pinto no concurrió a declarar a la comisión investigadora y en eso yo le di un consejo legal en ese sentido, porque hay aquí otro ente que está investigando, que es el Ministerio Público, y que es el que corresponde que investigue, que es un órgano independiente que debe actuar con objetividad, y no corresponde que en una investigación penal en paralelo los diputados abran otra pseudo investigación, y la declaración de ella tiene que enfrentar al ente que corresponde, si no uno puede afectar la investigación, por ejemplo si hacen públicas algunas declaraciones, eso puede determinar que algunos testigos terminan de declarar… Esto que hacen los diputados en la comisión investigadora en temas que son de carácter penal, puede producir consecuencias bastante malas».
Y de las conclusiones…
«Son poco objetivas y parciales, no hay que olvidar que quienes componen la comisión investigadora son políticos, diputados, y muchos de ellos contrincantes de Lucía Pinto, quien tenía en algún momento opción de ser candidata, y eso a varios les producía algún tipo de preocupación, y de ellos varios participaron activamente en la comisión. Hay conclusiones de esta comisión investigadora que tienen un sesgo político, no son de un ente imparcial u objetivo. Son políticos juzgando a políticos y eso no puede ser, por algo existen los tribunales de justicia».
Y al Ministerio Público, ¿Pinto ha prestado declaraciones?
«Sí… Ella prestó declaraciones ante el Ministerio Público. Ella ha colaborado activamente, abrió sus correos, su teléfono, sus cuentas corrientes y declaró, no es que haya hecho uso del derecho a guardar silencio o haya callado en alguna pregunta, declaró sobre todo lo que el Ministerio Público le preguntó, no puedo revelar lo que declaró porque hay secretos, pero sí lo hizo».
¿Es posible saber la fecha de cuándo declaró?
«A eso prefiero no referirme».
¿Cuáles serían las posibles salidas?
«Lo primero es que tiene que avanzar la investigación y el Ministerio Público tiene que tomar la decisión si los hechos configuran o no un delito. A partir de ahí, si determina que existe un delito, tiene que determinar quiénes fueron los partícipes, o sea quienes los cometieron. Hay que comprender que las investigaciones serias no son como se hicieron en la Cámara de Diputados que en un par de meses, sin todos los antecedentes, llegaron a unas conclusiones increíbles y eso le hace mal a un país».
Respecto a la querella del CDE, ¿Cómo se articula en esto?
«Me llamó bastante la atención la vehemencia del colega Daniel Martorell en la comisión investigadora, él habla de impunidad, y es insólito que hable de eso cuando es una investigación que está en trámite. Las impresiones de él son contrarias al código de ética profesional, él está impedido de litigar por la prensa o por la Cámara de Diputados, es un funcionario público y debe tener un mínimo de objetividad. La suerte de la querella va a depender de la investigación del Ministerio Público, porque el CDE presentó una querella con elementos bastante preliminares».
En relación a la figura del trato directo para adquirir los terrenos, ¿Qué puede señalar?
«Se ha cuestionado mucho, pero no se considera que aquí existía una urgencia para aprobar el proyecto de construcción de los hospitales de La Serena y también de Coquimbo, que son iniciativas relevantes para la ciudadanía de la zona. Tampoco se considera que había una ausencia de terrenos fiscales que fueran aptos para la construcción de un hospital, que tenía muchísimos requisitos. El terreno fiscal que estaba disponible era el de la Cordep, que es del municipio de La Serena, pero estaba destinado a la actividad deportiva, al cederlo dejaban sin ese espacio de recreación deportiva y lo que viene después es buscar un lugar para que se pudiera reconstruirlo y eso tenía la presión social que se hiciera pronto».