El abogado Jorge Gálvez, quien representa al Presidente Piñera, dijo a la comisión que investiga la procedencia de la acusación constitucional presentada contra el mandatario, que se basa en hechos falsos y meras especulaciones. Asimismo, señala que el Presidente de la República no intervino en la decisión de venta del proyecto minero Dominga.
Algunas horas antes que la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, por la venta del proyecto Dominga, iniciara la sesión, el documento de 242 páginas que elaboró la defensa ya había sido difundido en medios de comunicación.
Con ciertas luces acerca de su contendido, ya en la sesión, el abogado Jorge Gálvez fue categórico al exponer que la acusación se basa en hechos falsos. El jurista precisa que la acusación no tiene y no ofrece prueba de sus dichos, añadiendo que se basa en meras especulaciones.
De igual manera, explica que la acusación se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial y por tanto no susceptibles de fundar las causales que se determinan. Adicionalmente, subraya que contradice fallos judiciales firmes, pronunciamientos de la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros.
En su exposición señala que «la verdad de los hechos es que el Presidente de la República no intervino en la decisión de venta de Dominga. Ello fue investigado por el Ministerio Publico, y es una verdad judicialmente establecida. Existe un sobreseimiento total y definitivo; firme y ejecutoriado, que determina la inexistencia del hecho y la inocencia del Presidente».
Añade que el proyecto minero Dominga no fue vendido por la familia del Presidente. La venta se acordó y materializó por los gestores del proyecto, «Minera Activa SA», con los compradores del Grupo Délano. El acuerdo de las condiciones de la venta fue suscrito sin la comparecencia del representante del FIP Mediterráneo.
El documento con la defensa del Presidente Piñera señala que hay una «intención de crear la falsa impresión de que don Sebastián Piñera Echenique habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como Presidente de la República».
Asimismo, precisa que «el texto de la acusación intenta traer a tiempo presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, de lo cual el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno».
El documento sostiene que «como es de público conocimiento, desde el año 2009, don Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros propios y de su familia».
Los Pandora Papers
no se conocían antes
Culminada la exposición, las y los diputados integrantes de la instancia formularon una serie de consultas al profesional y plantearon sus puntos de vista. El diputado Florcita Alarcón (IND) señala que no debe olvidarse que la acusación constitucional es un proceso político y no jurídico.
El diputado Pepe Auth (IND) dijo echar de menos algún pronunciamiento respecto del rol de Larraín Vial en la operación. Asimismo, planteó reparos respecto de las aseveraciones de la defensa sobre el papel que le cupo a los seremis a la hora de evaluar el proyecto.
Por su parte, la diputada y presidenta de la instancia, Maya Fernández (PS), recordó que los antecedentes de los denominados Pandora Papers no se conocían al momento de la anterior indagatoria.
