Entre los detenidos, en nueve domicilios de La Serena, Coquimbo y Ovalle, se encuentran dos profesores y un guardia de seguridad del hospital serenense.
Seguramente, cuando se sintieron acorralados uno intentó borrar las pruebas de la computadora. Otro corrió para fugarse… En un operativo que involucró nueve domicilios en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, la Brigada de Delitos Sexuales de La Serena (Brisex), en coordinación con la Brigada del Cibercrimen de Santiago, detuvieron a 6 personas por producción y tráfico de fotos y videos con contenido de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
Dos eran profesores. Uno era un Prevencionista de Riesgo, un Ingeniero en Telecomunicaciones, un guardia de seguridad del hospital de La Serena y un artesano que trabaja el mármol.
Sin duda, uno de los golpes más fuertes que se le dio a la pornografía infantil, uno de los delitos más comunes, más graves y menos visibilizados en el país.
La Operación Ruta del Abuso obtuvo «información a través de una plataforma del FBI, que nos permite detectar una serie de domicilios en la región donde se almacena y distribuye pornografía infantil», dijo afirmó el subprefecto Carlos Albornoz, jefe Prefectura Provincial Elqui.
Fue cerca de las 18 horas de este miércoles, cuando personal de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la PDI, en cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación en los domicilios de los imputados, quienes fueron sorprendieron en posesión de material audiovisual con imágenes y videos de abuso sexual de menores y pornografía infantil.
El material lo mantenían almacenado en computadores, notebook, discos duros y celulares, y que habrían descargado, almacenado y difundido en diferentes fechas de febrero, marzo y abril pasado. Además, en la revisión de sus dispositivos se encontró más de 520.000 archivos de imagen y más de 8.000 archivos de vídeos con contenido de abuso sexual infantil.
En la incautación, también una muñeca que tenía adaptada la boca y la vagina para juegos eróticos.
Claudio Correa, fiscal regional (s), señaló que la investigación se está iniciando y que, por el momento, «hay almacenamiento como distribución de material pornográfico infantil y dependerá en el plazo de investigación si surgen nuevos delitos como la de realizar pornografía».
Agregó que «claramente estas personas pertenecen a una red, pero las conexiones entre ellos están siendo objeto de investigación».
Respecto a una eventual producción local, manifestó que «es materia de investigación, se está analizando y se ha incautado diverso material que debe ser debidamente periciado, pero lo importante es dar tranquilidad, puesto que se está investigando y es de suma preocupación para la fiscalía regional, y en eso estamos ocupados, en entregar tranquilidad respecto de aquellos delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes».
Para el delegado Presidencia, Ignacio Pinto, la detención de esta red «es una situación extremadamente grave, muchas veces ajena para quienes vivimos en esta región, pero que gracias a la tecnología hemos podido determinar las casas, las personas involucradas, quienes esperemos que puedan ser sancionadas con los castigos que merecen.
120 días de plazo
El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó ayer con las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a establecimientos educacionales y de salud donde asistan menores de edad, a los detenidos D.A.A.M., D.A.M.M., J.A.C.J., R.A.C.C. y R.C.A.A., imputados por el Ministerio Público como autores del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil.
«No se requirió por parte del Ministerio Público la prisión preventiva de los imputados y se requirió la discusión de cautelares de menor intensidad (…) las razones para acceder a la dictación de las medidas cautelares son que existen presunciones fundadas de la existencia del delito y de la participación de autores que se le atribuyen a los imputados», explicó el magistrado Edgardo Pinto Solís.
En la audiencia de formalización, el magistrado Solís acogió la solicitud de la fiscalía y decretó las medidas cautelares por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Fijó en 120 días el plazo de investigación de los detenidoS, de los cuales uno se encuentra en calidad de imputado en investigación en curso de la Brisex por el delito de maltrato infantil.
