Gonzalo Parot, abogado de la Universidad de Chile, Master de la Universidad de California y profesor de la UCN, explica que el mandatario no tiene atribuciones para rechazar proyectos de inversión en el marco de un proceso de evaluación ambiental. «Las declaraciones del Presidente electo tienen un efecto político, que puede afectar el desempeño del sistema de evaluación respecto al proyecto», dice.
Un potente discurso emitió Gabriel Boric la noche del 19 de diciembre. La holgada mayoría que obtuvo el ex dirigente estudiantil en la segunda vuelta presidencial, lo puso en podio ante una enorme masa de personas que esperaban su primera alocución como mandatario electo.
«El cambio climático, la crisis climática, no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones (…) No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga».
Ese es el extracto del mensaje -de unos 90 segundos- que enfocó sus críticas en el controvertido proyecto minero-portuario que busca instalarse en la comuna de La Higuera, al norte de la región de Coquimbo con una inversión inicial estimada en US$ 2.500 millones y una capacidad para generar 10 mil empleos directos en sus dos primeros años de construcción. Eso en caso de materializarse, pues actualmente la iniciativa está a la espera de una audiencia de conciliación, convocada por Tercera Sala de la Corte Suprema para el próximo 12 de enero.
Dicho escenario judicial corre paralelo al proceso administrativo, luego que se interpusieran varios recursos de reclamación ante el Comité de Ministros. Ello posterior a la luz verde que dio la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en agosto pasado, tras cumplir con la orden del fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que decidió -unánimemente- repetir la votación regional, esta vez ajustada a derecho, compuesta por 10 secretario regionales ministeriales, el Intendente de la época, Pablo Herman (quien rechazó); y la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Claudia Martínez, instancia que finalmente le otorgó la RCA a Dominga.
Objeciones del experto
Para Gonzalo Parot, abogado de la Universidad de Chile, Master con especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de California, Berkeley; y profesor de la Universidad Católica del Norte (UCN), el Presidente de la República «no tiene atribuciones directas» para rechazar proyectos de inversión en el contexto de la evaluación ambiental. «El Presidente define cargos de su exclusiva confianza, que formarán parte del Comité de Ministros, que podría eventualmente resolver sobre el futuro del proyecto», explica.
«Hoy el proyecto se encuentra con recursos de casación pendiente ante la Corte Suprema y con recursos administrativos de reclamación ante el Comité de Ministros. Lo que determine la Corte Suprema en ese sentido es clave: sin perjuicio del llamado a audiencia de conciliación que se concretará en enero, es posible que quede sin efecto la votación que realizó la Comisión de Evaluación de Coquimbo en agosto de este año, si la Corte decide revertir la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta», puntualiza.
En extenso, el especialista considera que las declaraciones del Presidente electo tienen un efecto político, que puede afectar el desempeño del sistema de evaluación respecto al proyecto, en caso que éste llegue al Comité de Ministros. «Si bien el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) es fundamentalmente técnico, este componente político existe y no es novedoso. Sin embargo, como Presidente no podrá rechazar directamente el proyecto y se verá sujeto a lo que determinen los fallos judiciales», agrega.
Sin embargo, Parot cree que más allá del proyecto, «se da una señal a favor de robustecer la protección ambiental en el próximo gobierno, lo que se deberá traducir en la configuración de políticas, planes, normas y otros instrumentos de gestión ambiental desde el Ministerio del Medio Ambiente».
«Lo mismo puede afirmarse respecto al impulso en la tramitación legislativa del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y lo que llegue a definirse sobre la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en la Higuera», sentencia.
Reacciones del alcalde
Posterior al discurso del Presidente electo, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, publicó en «Cartas al Director», de El Mercurio, que Boric incurría en el «mismo error fatal» que cometió el presidente Sebastián Piñera al sepultar el proyecto Barrancones por «secretaría».
«Al parecer el señor Boric no sabe que probablemente el Comité de Ministros de su gobierno tendrá que pronunciarse sobre Dominga, dejando a las futuras autoridades condicionadas e invalidadas para emitir un juicio».
En ese sentido, espera que dicho error, «que constituye una pésima noticia para La Higuera y para la evaluación ambiental técnica de proyectos», sea enmendado. Ello, «salvo que la señal que se quiera dar (del nuevo gobierno) es que, pese a contar con la venia de las entidades técnicas, los proyectos serán aprobados o rechazados a entera discreción por su persona (Boric)», culmina.