Pese a que en septiembre del 2018 se había informado que por acuerdo de concejo se aprobó el convenio entre Sacyr y el municipio de Coquimbo por obras complementarias del edificio, el último informe de Contraloría señala que el acuerdo «supera el límite de lo establecido y que además no hay informes que lo fundamenten». Por otro lado, se espera que este lunes se interponga una querella por presunto fraude al fisco.
En mayo del 2014, cuando era alcalde Cristian Galleguillos, comenzó la construcción del edificio consistorial de Coquimbo, y cuando se están por cumplir 8 años desde ese hito, la mega obra todavía no ha podido ser inaugurada, pese a que se estimaba que estaría lista en 2020.
En la semana el edificio nuevamente dio que hablar, ya que Contraloría dio a conocer un informe en donde evidenciaba serias falencias y graves faltas en el proceso, cuyos antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado.
Recapitulando, la Contraloría estableció que durante la ejecución del proyecto hubo diversas faltas. Entre ellas, que el municipio suscribió una «transacción extrajudicial» con la empresa SACYR Chile S.A. por $ 2.975.000.000. Esto, para evitar un eventual litigio entre las partes, relacionado con un aumento en el valor de la ejecución del proyecto y perjuicios económicos informados por la empresa, derivados de situaciones que, en opinión de la constructora, le serían compensables. La Municipalidad accedió, evitando comprometer la entrega del edificio, sin efectuar un análisis técnico y económico detallado de las pretensiones sostenidas por la empresa.
¿Cómo accedió el municipio?
Fue en septiembre del 2018 cuando el alcalde en aquella época, Marcelo Pereira Peralta, y Juan Antonio Marín, gerente general de Sacyr Chile, firmaron el convenio que permitirá que la empresa se haga cargo de la etapa dos de la construcción del edificio consistorial de Coquimbo.
Esto, luego que en la sesión N°64 del Concejo Municipal, de aquel año, el cuerpo colegiado aprobara por mayoría la suscripción de una nueva modificación de contrato con Sacyr por concepto de obras extraordinarias, que finalmente permitió que, luego de finalizar la obra gruesa y las fachadas, la misma empresa continúe con las terminaciones e interiores de la nueva Casa Consistorial porteña.
Guido Hernández, concejal en aquella época, recuerda que «a pesar que en aquella oportunidad decidí apoyar la estrategia del municipio, siempre planteé mi inquietud respecto de la forma en cómo venía operando la empresa, y el tiempo me da la razón…».
De los $3 mil millones que fueron aprobados, explica que «hubo una primera discusión, en 2018, como lo especifica el acta de concejo número 64, donde varios concejales fuimos categóricos en explicitar nuestra desconfianza por la forma en como venía operando la empresa, se entendía que existía un proceso de negociaciones con la compañía y que eso se estaba llevando adelante siempre con el soporte técnico del Gobierno Regional, quien era también una parte importante dentro de las conversaciones que se desarrollaban».
Aumentos de obras superan
el límite establecido
Dentro del informe de Contraloría, se desprende que del monto pactado, $ 1.201.685.976 corresponden a diferencias por el plazo transcurrido hasta la obtención del financiamiento de las modificaciones de obras, sin que las bases contemplaran indemnizaciones. Del acuerdo extrajudicial, el municipio sólo ha pagado un 25% del total, y no se tiene certeza sobre las partidas que fueron pagadas.
Se determinó que la Municipalidad de Coquimbo mantiene, además, una deuda $ 3.467.694.525 con el GORE por aportes comprometidos para el financiamiento conjunto de la obra, por lo que deberá hacer las gestiones para pagar lo adeudado e informar a la CGR en un plazo de 60 días hábiles.
Durante la auditoría se determinó que el municipio aprobó obras extraordinarias por $ 18.537.472 que debieron ser ejecutadas con cargo al contratista. Por otro lado, dio su visto bueno a aumentos de obra y obras extraordinarias por $ 901.312.482, que no se verifican imprevistas e ineludibles conforme exigen las bases.
Otro de los hallazgos de la investigación estableció que la entidad edilicia, en su calidad de unidad técnica, aprobó aumentos de obra y plazo, superando el límite establecido y sin los informes técnicos que los fundamenten.
Concejales están de acuerdo en que
se investiguen irregularidades
Sonia Elgueda, concejala en ejercicio, tras conocer el informe, comenta que «como cuerpo colegiado estamos de acuerdo en que se investiguen todas las irregularidades y que ojalá exista algún responsable, porque esto compromete los fondos municipales».
«Evidentemente hubo una conversación de la administración anterior a espaldas del Gobierno Regional, por lo que es importante que se investigue y se esclarezca, por lo mismo le hemos dado la venia al alcalde (Alí Manouchehri) para que se hagan las investigaciones pertinentes, y esto fue desde un inicio», añade.
