La gran mayoría de los organismos se han manifestado conformes a la evaluación de la iniciativa, salvo los duros reparos de CONAF, esto previo a la revisión que deberá a hacer el Comité de Ministros, instancia que se estima que se realizará antes de fines de año.
La directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, solicitó una serie de informes a 10 organismos públicos, quienes deben proporcionar los antecedentes «adecuados y suficientes» para que el Comité de Ministros revise el proyecto minero-portuario Dominga.
Esto se da en el marco de las 26 reclamaciones que entregaron diversas organizaciones de pescadores y particulares que impugnan la aprobación ambiental del proyecto de hierro, esgrimida por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo en 2021, y posterior al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó los recursos de casación en su contra.
Durán, quién actuará como secretaria ejecutiva de la instancia ministerial, requirió antecedentes a la Dirección General de Aguas (DGA), al Ministerio de Desarrollo Social; al Servicio Agrícola Ganadero (SAG); al Servicio Nacional del Turismo (Sernatur); a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y las subsecretarías de Medio Ambiente, Salud, y Pesca y Acuicultura. Luego solicitó lo mismo a Conaf y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lo propio.
Trascurrido el tiempo, la autoridad ambiental ha recibido los informes de los organismos públicos. La primera entidad en responder al requerimiento fue la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, el pasado 10 de junio. Aquí la entidad liderada por el vicealmirante y director general de la entidad Carlos Huber Vio, respondió de forma neutral que «esta autoridad marítima emitió su pronunciamiento basándose en la idoneidad y suficiencia técnica, conforme a la normativa ambiental que regía al momento del ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental».
El pasado 14 de julio, Sernapesca valoró las compensaciones anunciadas por Andes Iron, asegurando que cumplían con su objetivo y son usadas de manera tradicional. Esto en relación a la barrera de burbujas con el que pretende mitigar el impacto sonoro sobre cetáceos en la etapa de construcción del muelle de Dominga. «El Servicio considera la cortina de burbujas como un método efectivo para lograr la disminución de entre 5 a 20 decibeles de sonido submarino, y que es una medida muy utilizada por proyectos con impacto sonoro en el medio marino», acotó el director nacional (s) de Sernapesca, Fernando Naranjo, en su oficio.
Un día después, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) también destacó las medidas que prometió el titular de Dominga. Sobre el valor paisajístico calificado como alteración de la calidad visual del paisaje en caleta Totoralillo Norte (Sector Totoralillo) por la operación del Terminal de Embarque, el titular propuso la medida de amortiguación vegetacional en límite de la propiedad industrial en sector Totoralillo que generará una continuidad visual de naturalidad en el sector donde se emplazará el Terminal de Embarque. «Esta barrera permanecerá durante toda la vida útil del Proyecto. De igual forma, el titular propuso las medidas de aporte hídrico a la vegetación en sector de devolución subsuperfical de agua e instalaciones de colores integradores del paisaje», destacó Beatriz Román, directora nacional (s) de Sernatur.
Una opinión diametralmente distinta tuvo la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El 7 de julio manifestó su total rechazo al proyecto Dominga. Su respuesta consideró un informe técnico que se extendió por 85 páginas. Aquí Conaf manifestó su «inconformidad de manera sostenida durante el proceso de evaluación ambiental, ya que -a su parecer- no se consideraron las observaciones respecto del ámbito marino y sus especies protegidas, por considerar, a nuestro parecer de forma errónea, que dichas materias excedían nuestras competencias».
Salud y DGA los últimos en pronunciarse
El Ministerio de Salud emitió un reporte al Comité de Ministros en el que cuestionó la temporalidad de los informes elaborados por el titular para validar que cumple con las exigencias ambientales. Según el Minsal, el proponente concluyó que las emisiones atmosféricas del proyecto, sumadas las del proyecto Puerto Cruz Grande, no introducirían cambios significativos en la calidad del aire en el área de influencia. Sin embargo, en el informe el Minsal reconoce que esta información no fue requerida al titular durante la etapa de evaluación del proyecto.
Dos días antes de la emisión del informe del Minsal, la Dirección General de Aguas contestó un requerimiento de información planteado por la directora ejecutiva del SEA.
En su informe, el director general de aguas del Ministerio de Obras Públicas, Rodrigo Sanhueza, concluyó que «tanto los protocolos de acción como los indicadores comprometidos son idóneos y suficientes para el control de las aguas subterráneas de la Quebrada Los Choros, cumpliendo con el objetivo para el cual fue elaborado dicho plan; siempre cuando los puntos comprometidos monitoreen, en la mayoría de los casos, la misma unidad hidrogeológica que los pozos de reinyección».
En sus últimas solicitudes, la directora del SEA pidió nuevamente la respuesta de la Subsecretaria del Medio Ambiente, la cual a la fecha aun no ha sido enviada.
