Tras la investigación de la PDI y el Ministerio Público, se frena el avance del fenómeno criminal de los narco cultivos en la Quebrada de Potrerillos, en el Valle de Elqui, erradicando una producción ilegal avaluada en $ 3.500 millones.
En la quebrada Potrerillos, 30 kilómetros al surponiente de Vicuña, en una zona de montaña y de difícil acceso, los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de dicha comuna desarrollaban su labor, reuniendo evidencias que dejaban al descubierto varias extensiones de los llamados «narco cultivos».
El 13 de abril, en un procedimiento preliminar, cuando los funcionarios de la PDI se acercaron a las plantaciones, recibieron disparos de largo alcance. Aunque nadie resultó lesionado, los detectives debieron retroceder y desarrollar una nueva planificación, sumando apoyo de equipos especializados de la Brigada Aeropolicial, Equipo de Reacción Táctica Metropolitana, además de unidades de las prefecturas Elqui y Choapa, para intervenir la quebrada.
«Detuvimos a tres integrantes de esta banda criminal, dos extranjeros y un chileno mayores de edad, que resguardaban estas plantaciones ilegales. Incautamos sus armas y municiones, entre otras especies de interés criminalístico. Intervenimos varias zonas de cultivo, sacando 3.620 plantas de cannabis y 350 kilos de la sustancia a granel y lista para su venta, con ganancias avaluadas técnicamente en más de $ 3.500 millones, que no van a recibir», señaló el subprefecto Daniel Maldonado, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña.
Por la complejidad del traslado de la droga, el tribunal autorizó que la incautación fuera incinerada en el sitio del suceso, y el resto de las evidencias fueron exhibidas a las autoridades regionales y los medios de comunicación.
«Esta es una señal muy potente, porque se está robusteciendo la capacidad del Estado para llegar y desarticular a las bandas criminales, coordinando con el Ministerio Público, con recursos locales y nacionales, para intervenir todas las comunas de la región donde se detecte esta situación, que no se viene asentando ayer ni hace un año, sino que se vino consolidando desde la pandemia. Ahora nos estamos haciendo responsables de fortalecer la respuesta del Estado, coordinarla y, por mandato del Presidente Boric, ir más allá del decomiso, para desarticular un entramado delictual, las bandas criminales y a los responsables de estos delitos», advirtió Rubén Quezada, delegado presidencial de la Región de Coquimbo.
Las investigaciones históricamente se han concentrado en Choapa y Limarí, por eso llama la atención que el fenómeno se manifieste en esta provincia. «Efectivamente, pensamos que la matriz productiva del Valle de Elqui impedía que se contaminara con estos cultivos, pero estamos viendo que se está usando un área geográfica fértil para este tipo de negocio lucrativo. Hoy hemos demostrado que el Estado existe, tiene logística y también inteligencia para perseguir este delito, detener a los imputados y seguir investigando a la red que está detrás, para perseguirlos», expresó Adrián Vega, Fiscal Regional.
La comunidad es clave para revelar estas actividades ilícitas, y el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, invitó a los vecinos a seguir confiando en el trabajo que desarrollan en conjunto con las autoridades contra la delincuencia.
«La respuesta confirma nuestra preocupación porque la delincuencia también está en comunas pequeñas y alejadas como la nuestra. Este es un decomiso histórico en la comuna, que fue posible gracias al trabajo de todos, con el apoyo de profesionales de la región y de nivel nacional de la PDI junto al Ministerio Público, se logró dar respuesta a la demanda de seguridad de los vecinos. A veces los procedimientos son más largos, porque hay que cuidar la integridad de los policías y de los vecinos, reunir las pruebas necesarias para llegar a la Justicia», señaló.
Ante el ataque con arma de fuego que sufrieron los oficiales en esta investigación, el jefe regional de la PDI informó que presentará una querella criminal. «Seguiremos ocupando todas nuestras capacidades como región, contamos con el apoyo de nuestra institución y de la autoridad política para hacernos cargo del crimen organizado mediante investigaciones robustas, con evidencias que permitan la persecución penal de delitos tan complejos como este, que provocan un gran impacto en la seguridad de las personas», expresó el prefecto inspector José Carrasco León.
