Hace unos días un joven se quitó la vida en Santiago, en medio de la espera de justicia y de atención por parte de los organismos correspondientes a raíz del disparo de una bomba lacrimógena. En la región, un juicio de una causa similar fue postergado para abril del próximo año. Joven tuvo pérdida total de la visión del ojo izquierdo.
Fue el jueves de la semana pasada cuando se dio a conocer el suicidio de Jorge Salvo, víctima de trauma ocular en las protestas ocurridas durante el estallido social de 2019.
Ante lo ocurrido, son varias las organizaciones que acusan un abandono del Estado. En la región igual, más cuando un juicio por trauma ocular sucedido en 2019, en el contexto del estallido social, tiene fecha para abril del próximo año.
Se trata de Felipe Mellado, hoy de 32 años, quien recibió un balín de parte de Carabineros en La Serena, lo que le provocó la pérdida total de la visión del ojo izquierdo producto de la lesión.
Desde la Corporación 20 de Octubre, quienes tomaron las causas desde un comienzo, como la de Romario Veloz Cortez, Rolando Robledo Vergara y César Véliz Cortés, quizás las más emblemáticas -con fecha de inicio para el juicio el 31 de julio-, creen que ha existido una preocupación tardía de parte de las autoridades.
«El apoyo médico y psicológico por parte del Estado ha sido prácticamente nulo, y si no fuera por mis abogados, lo más probable es que la causa judicial habría terminado en la impunidad hace bastante tiempo», cuenta Felipe.
El joven está en atención psicológica hace muy poco tiempo, a propósito de una gestión que hizo la corporación, «pero nos llama la atención que el tribunal decida posponer un juicio de esta gravedad, con esta relevancia, a propósito de lo que pasó hace unos días en Santiago con la muerte de una víctima que decidió quitarse la vida por la falta de apoyo», sostuvo la abogada Adriana Rojas.
Evidente abandono
Creen como corporación que parece que no existiera una prioridad respecto a las causas de derechos humanos en cuanto a su investigación, «pues esta persona lleva esperando cuatro años para que se lleve a cabo su juicio. Además con todo lo que significa para una persona tener pérdida total de la visión provocada por una agente del Estado. En realidad vemos la desprotección y el abandono que generan las instituciones en este tipo de casos», sostiene Rojas.
Comparte el análisis que hace la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, cuando advierte que «existe un evidente abandono de parte del Estado, de las múltiples instituciones y si no es por la gestión individual, por la persistencia en muchos casos de abogados querellantes particulares, la demora sería aún mayor, porque acá en la región el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no tiene una gestión tan activa, al menos en estas causas, más allá de asistir a las audiencias, pues en algunos casos ni siquiera se relaciona con las víctimas. Entonces es evidente que existe un abandono y un claro incumplimiento de los compromisos de gobierno».
Lorenzo Lemungürü, miembro de la Corporación 20 de Octubre, precisa que en la región «existen sólo tres causas del estallido social terminadas mediante condena, pero en una de ellas la Corte de Apelaciones rebajó las penas del militar que fue condenado, en otra hubo que hacer dos juicios para condenar al carabinero a presidio efectivo, y la última terminó por juicio abreviado con una condena irrisoria de tres años y un día por apremios ilegítimos reiterados en contra de diez víctimas, lo que deja de manifiesto que las instituciones actúan motivadas por una verdadera vocación de impunidad».
No son prioridad
Respecto a si existe una carga de frustración en las víctimas ante la falta de apoyo y la demora en sus juicios, Adriana Rojas afirma -a su parecer- que son varios los motivos que llevan a que una persona que ha vivido violencia institucional llegue a este límite.
«Es que no ha existido un reconocimiento de parte de ninguno de los gobiernos de los hechos que sucedieron en 2019, y esta invisibilización de lo que ha significado toda esta situación es una manera de tirar todo bajo la alfombra y dejamos de hablarlo, de decirlo».
En la región hubo una iniciativa de parte del Ministerio de Justicia, a través de la subsecretaria, de hacer unas mesas de reparaciones, «pero fue sin ninguna discusión, puesto que llegaron menos de diez víctimas, cuando sabemos que son muchas más las causas que se están investigando», lamenta Rojas.
De hecho, advierte que existe «una serie de conductas de parte del Ministerio Público de cerrar las causas, de no investigarlas a cabalidad y, por otro lado, tenemos conductas del Poder Judicial donde no se les da prioridad a estas causas y donde se postergan sus juicios. Por lo tanto, tenemos una serie de situaciones, sumado a la ausencia del Estado en el acompañamiento psicológico y médico, incluso en el acompañamiento desde el punto de vista de la educación en algunas de las víctimas».
«Se cumplirán cuatro años desde que ocurrieron los hechos, y vemos con bastante preocupación lo que se está repitiendo nuevamente, pues estamos pronto a conmemorar 50 años del Golpe de Estado y se siguen repitiendo las mismas situaciones…», declara la abogada Adriana Rojas.
