Distintos sindicatos de la comuna de La Higuera sostuvieron una reunión con parlamentarios de la región de Coquimbo, para denunciar la escasa participación ciudadana durante el proceso de implementación del Área Marina Costera, llevado adelante por ONGs y fundaciones, en donde denuncia que hay intereses ajenos a su actividad productiva. Trabajadores del mar representan al 60% de los pescadores de esa comuna.
Cinco sindicatos de pescadores de Chungungo, Caleta Los Hornos y Totoralillo Norte, que representan al 60% de los trabajadores del mar de la comuna de La Higuera, llegaron hasta el Congreso Nacional para reunirse con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, y los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Marco Antonio Sulantay, con objeto de pedir auxilio por la escasa participación y excesiva «ideologización» en la elaboración del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) implementada por el Gobierno, ONGs y fundaciones, hoy fuertemente cuestionadas.
Bajo la consigna «No queremos que ganen las fundaciones, que ganen los pescadores», denuncian poca rigurosidad y quedar ajenos al proceso de implementación que se ha desarrollado, buscando, dijeron, imponer una medida que beneficiará solo a Fundaciones y ONGs, pero que afectará gravemente su actividad productiva y el sustento de sus familias.
Mario Flores, presidente de la Asociación Gremial Panamericana Norte de Caleta Los Hornos, señala que es sumamente urgente ser escuchados por los parlamentarios, puesto que «en estos momentos, como pescadores artesanales de la comuna de La Higuera, estamos quedando en segundo plano, porque en todas las determinaciones importantes con esta Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos no solo no hemos tenido participación, sino que no podremos opinar sobre futuros proyectos que se puedan hacer en nuestro territorio».
«Todo esto se hace entre cuatro paredes, y la escasa participación como pescadores nos tiene incómodos. Este proyecto se ha realizado con poca gente, donde hay representantes locales que los instalaron a tomar determinaciones por razones ideológicas, por sobre nosotros. Son personas que no nos representan», agrega.
Cabe recordar que el Ministerio de Medio Ambiente, acompañado principalmente por las ONGs OCEANA y Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), ambas representadas por el abogado Ezio Costa, impulsan esta Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos que abarca desde la comuna de Freirina, en la región de Atacama, hasta la zona norte de la comuna de La Serena, en la región de Coquimbo.
Por ello, Raúl Julio, del sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores de Totoralillo Norte, esgrimió que «no queremos que las ONGs administren nuestro borde costero».
Recordó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció con «bombos y platillos la firma del Tratado de Escazú», con el compromiso de escuchar la voz de las personas, pero esto no ha ocurrido. «A punta de engaños y tergiversaciones se está tomando una decisión que no nos representa», indicó.
Los parlamentarios de la región de Coquimbo demostraron su preocupación ante esta denuncia y anunciaron que investigarán y solicitarán antecedentes a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, para conocer los detalles de esta intervención en la zona costera de La Higuera.
«Es importante lo que señalan los pescadores, porque ellos no quieren que fundaciones de dudosa calidad y reputación empiecen a administrar el borde costero y los recursos de una comuna como La Higuera. Es por eso que vamos a defenderlos e investigar lo que está pasando para llevarles tranquilidad», señala el senador Sergio Gahona.
Para el senador Matías Walker, resulta incomprensible que exista más participación de fundaciones y ONGs que de los propios pescadores. «(Los pescadores) nos han hecho la denuncia de que hay más participación de fundaciones y ONGs que de ellos mismos y eso no puede ser. Esas fundaciones y ONGs tienen vínculos con Democracia Viva, por eso vamos a fiscalizar», dijo.
Por su parte, Juan Manuel Fuenzalida, diputado por la región de Coquimbo, se mostró preocupado por la denuncia y anunció incluso eventuales acciones judiciales contra los responsables, porque a «los pescadores se les está afectando su derecho a propiedad, sus áreas de manejo, su patrimonio cultural e idiosincrasia». «Estas fundaciones son las mismas que hoy están en boga, las que les quieren imponer materias que ni siquiera les han consultado (…) A ellos que les gusta tanto el Tratado de Escazú, se lo vamos a imponer».
El diputado Marco Antonio Sulantay reiteró el apoyo de la amplia mayoría de los parlamentarios de la región de Coquimbo, por la «lucha» que emprendieron los pescadores artesanales contra «las ONGs y abogados millonarios que no tienen idea del territorio, y que desde sus oficinas de Santiago tratan de manejar un ambientalismo mal entendido».
