En medio de la causa de destitución en contra de la gobernadora Krist Naranjo, la defensa acudió al Tribunal Constitucional (TC) para levantar requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al argumentar que el fallo del Tricel corresponde a una segunda instancia, por lo que no habría espacio para una posible apelación, algo que está consagrado en la Constitución. La maniobra, a juicio de los consejeros regionales, es solo para «dilatar».
Fue el 13 de marzo cuando los 16 consejeros regionales presentaron ante el Tribunal Electoral Regional un requerimiento de remoción por notable abandono de deberes en contra de la gobernadora regional Krist Naranjo, acción que fue remitida al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), quienes la declararon admisible, siendo notificada posteriormente la primera autoridad regional.
Tiempo después, el Tricel estableció seis hechos controversiales en el requerimiento de destitución de la gobernadora, en donde figuran el mal uso de vehículo fiscal, la no rendición de viajes, presunto acoso laboral, incumplimiento en la ejecución presupuestaria, no ejecutar acuerdos del Consejo Regional y convocar tardíamente a la cuenta pública del Comité Regional para el Cambio Climático.
En ese contexto, uno de los argumentos que había esbozado el abogado de la gobernadora, Isidro Solís, fue que el eventual fallo del Tricel sería de una segunda instancia y que no habría espacio para apelar.
Por tal motivo, el jurista acudió el Tribunal Constitucional (TC) para poner un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por lo que el Tricel determinó suspender el juicio hasta que esta corte resuelva.
Al respecto, la consejera regional Ximena Ampuero comenta que «es una lamentable situación esta suspensión del proceso de denuncia que nosotros llevamos contra de la gobernadora por notable abandono de deberes y falta a la probidad, en la cual la contraparte hizo algunas observaciones al Tribunal Constitucional para incorporar la apelación, ya que en estos procesos solamente hay una instancia, y lo que querían era poder tener estas dos».
«Primero que todo estamos tranquilos, hicimos lo que debíamos hacer, que es fiscalizar, hicimos una comisión investigadora que arrojó anomalías que bien hemos comunicado los consejeros y consejeras regionales en los medios», sostiene.
GANAN TIEMPO
Recalca que «lo que está pasando acá, es que así son las reglas de juego, en el cual ellos están dilatando el tiempo para que el Tricel pueda dar las conclusiones de este proceso, lo más probable es que con esta dilatación salgan luego de que ella deje su cargo, lo que es lamentable pero es así».
Ampuero insiste que están tranquilos, «vamos a seguir con el proceso y con la contratación de nuestro abogado para que siga su curso, que nosotros como ente fiscalizador hacia la gobernadora lo debíamos hacer».
Por su parte, el consejero regional Cristian Rondanelli señala que «las acciones llevadas a cabo por la defensa de la gobernadora regional ante el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, es un poco poder retrasar los procesos, y es debido a eso que se pide la inconstitucionalidad de que se lleve a cabo el juicio en el Tricel, el que queda suspendido hasta que el Tribunal Constitucional pueda dirimir esta situación que ha planteado Isidro Solís».
«El juicio no fue anulado»
A juicio del consejero Javier Vega, «Isidro Solís, abogado de la gobernadora Krist Naranjo, ha solicitado la inconstitucionalidad de la acusación que hizo el Consejo Regional en el pleno y de forma unánime a través del Tricel, en el cual el Tribunal Constitucional determinó suspender la causa y hoy debemos esperar otras resoluciones como la causa penal».
«Quiero recordar que esto es una estrategia jurídica que la está realizando el abogado Solís, que fue abogado en el caso Caval y en esa oportunidad falló ante este juicio», enfatiza.
Agrega que «el valor de esto es que el juicio no fue anulado y el Consejo Regional deberá buscar la forma de enfrentar esta situación y hacerlo de una manera colegiada, y este lunes o martes debemos conversar para buscar hacia dónde vamos a dirigir nuestra mirada, para que finalmente la ley pueda revisar los antecedentes y determinar toda esta investigación que realizamos y los puntos que fueron parte de la solicitud que se hace en la acusación a la gobernadora Krist Naranjo».
«Esperamos estar prontamente dando otra respuesta, pero me parece que el Tribunal Constitucional va a tener que replantearse y determinar definitivamente que pasará con esta causa, pero sería una lástima que finalmente termine en nada y no tenga ninguna resolución clara ni concreta sobre la acusación que está haciendo el Consejo Regional», cierra.
