23 personas fueron arrestadas tras un megaoperativo en la comuna de Ovalle y luego de su formalización, dejadas en libertad. Pese a que la Corte de Apelaciones de La Serena revirtió la medida, 12 de los 23 acusados no volvieron a prisión preventiva. Siete personas hoy siguen prófugas.
Por René
Martínez Rojas
La operación Diamante Verde culminó con la detención de una veintena de personas vinculadas al tráfico de drogas, después de un despliegue policial ejecutado en agosto del año pasado en la comuna de Ovalle.
Noticia que incluso escaló hasta La Moneda y las críticas de la ministra del Interior Carolina Tohá, luego que, en la audiencia de formalización, el magistrado rechazara la prisión preventiva de los imputados, fijando una caución de dos millones para cada uno.
A meses del hecho, la investigación se encuentra abierta, reconoce el abogado Carlo Silva, defensor de diez de los 23 imputados.
«Existió una ampliación del plazo de investigación los primeros días de febrero porque existían diligencias de la Fiscalía y solicitudes de la defensa, como las declaraciones de varios de nuestros defendidos», señala.
Pese a que la Corte de Apelaciones de La Serena revirtió a los días la medida, 12 de los 23 acusados no volvieron a prisión preventiva.
De ahí la polémica y los dichos de la ministra: «Es muy discutible que no se haya considerado peligroso a personas que manejan estas cantidades de droga…».
Silva reconoce que varios de sus defendidos sí decidieron presentarse voluntariamente y están en prisión preventiva, mientras que otros todavía permanecen en fuga. No obstante, dos de ellos están en libertad y han concluido el desarrollo a través de un procedimiento abreviado.
Dos en libertad
Durante la intervención policial de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado La Serena, junto a la Fiscalía de Focos Investigativos, se allanaron 28 domicilios en Ovalle y se incautaron armas, municiones, vehículos, más de $283 millones de pesos y 4.500 dólares de dinero en efectivo, además de 111 kilos de droga procesada.
Sin embargo, y tal como lo dijo el magistrado, «y como lo leí en su momento, aquí el grave error es que la fiscalía formalizó a todos por todo sin hacer ninguna distinción y la verdad es que sí había distinciones, pues técnicamente de una causa muy grande, donde a todos se le aplicó prisión preventiva, se terminó bajando en su expectativa inicial y la causa está actualmente con personas condenadas por delitos diversos y a penas muy bajas y cumpliéndose en libertad».
En el caso de sus defendidos en libertad, a uno le habían encontrado un arma y –asegura- no tenía nada que ver ni con droga, asociación criminal, bienes y lavado de activos. ¿Entonces? Se le ofreció un procedimiento. ¿Qué pena? Tres años y un día firmando en libertad.
«Ok, lo tomamos. A otra señora se le había encontrado municiones y también se le sancionó solo por eso. O sea, se fueron tomando decisiones para poder separar aquellas personas que no tenían una vinculación directa con la gran causa y con los hechos que fueron formalizados».
Escaló hasta
La Moneda…
En cuanto a lo que viene, explica Silva que aquellas personas que no están vinculadas en el total del hecho, fiscalía continuaría dándoles procedimiento abreviado y dejar el grueso de la imputación para llevarlo a juicio oral, «lo que me parece bastante objetivo y sano para el proceso».
Asimismo, Silva sigue manteniendo firme su opinión respecto a los dichos que entonces emitió la secretaria de Estado, lamentando la liberación de los imputados.
«Me parece mal que los poderes públicos, a través de los medios, incidan en las resoluciones judiciales. Hay que mantener la independencia del poder judicial, eso es clave. El magistrado Muñoz cuando decide lo hizo sobre la base de información concreta y clara. No es que se le haya ocurrido dejar a estas personas con caución y porque sí, ya que había por lo menos ocho de ellos que no tenían ni un bien inscrito a su nombre. ¿Qué hizo el magistrado? Distinciones, por eso quedaron libres».
Explica que desde una óptica política o de opinión pública, «pueden decir que fue mala la decisión de un juez que dejó a estas 23 personas en libertad, pero si tomamos una lupa y observamos caso a caso, había un gran número de esas personas que realmente tenían una participación muy marginal y que la presión preventiva no era la solución. Me parece que tarde o temprano el resultado final del proceso le dará la razón al magistrado».
