Han pasado 365 días desde que se hiciera conocido el mediático caso del Papaya Gate, que surgiera luego que el Ministerio Público iniciara diligencias para esclarecer el presunto delito de fraude al fisco, luego que la ex intendenta, Lucía Pinto (militante UDI), y ex funcionarios del gobierno regional, adquirieron un terreno de 61 mil metros cuadrados por $9.800 millones a una empresa inmobiliaria, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones, hecho que dio origen a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que sirvió para ir armando parte del puzzle. Por ahora, sigue sin ser formalizada la causa.
El 24 de septiembre del 2020 un reportaje de Radio Biobío puso en descubierto lo que sería uno de los presuntos fraudes al fisco más grande de la región de Coquimbo, luego que el Gobierno Regional decidiera comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos. La autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad.
Este hecho motivó a que se iniciara un sumario administrativo y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designara a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indague el delito de fraude al fisco, en donde, además, hace unos meses se sumó el Consejo de Defensa del Estado.
Causa sin ser formalizada
LA REGIÓN tomó contacto con la Fiscalía regional de Valparaíso para conocer en qué se encontraba actualmente la causa, y mediante un comunicado dieron a conocer que el Ministerio Público inició investigación tras una denuncia de la Contraloría General de la República relacionada con una serie de irregularidades detectadas con la adquisición de seis propiedades por parte del Gobierno Regional en el marco de un proyecto financiado con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para el diseño y construcción de un centro deportivo para la Municipalidad de La Serena.
«Desde esa fecha hasta ahora se han ido desarrollando una serie de diligencias en el marco de la investigación, la que se encuentra vigente y desformalizada», informaron.
Ex intendenta ya presentó declaraciones y espera que se aclaren los hechos
Luego que se conociera el caso, Lucía Pinto, quien era intendenta de la región de Coquimbo cuando explotó la causa, a los pocos días presentó su renuncia para enfocarse en su defensa.
Confiesa que ha sido un año durísimo para ella, «se han dicho muchas cosas falsas e inexactas, pero en donde la investigación, que sigue avanzando y en la que ya presté declaración, va a aclarar toda la situación y demostrará la verdad de lo ocurrido».
En una entrevista previa con LA REGIÓN, el abogado que la representa, Samuel Donoso, había informado que recién iniciada esta investigación penal, Lucía Pinto puso a disposición del Ministerio Público sus cuentas corrientes, sus correos electrónicos, su teléfono celular, «ella abrió completamente toda su información, porque no tiene absolutamente nada que esconder».
La arista del CDE
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, interpuso una querella criminal por el delito de fraude al Fisco contra tres ex directivos del Gobierno Regional de Coquimbo, Lucía Pinto, ex intendenta; José Cáceres, ex administrador regional; y Eduardo Espinoza, ex jefe jurídico, y además un particular, Pablo Bracchita, por su responsabilidad en la adquisición irregular de terrenos. El organismo explica que quienes, incumpliendo dolosamente los deberes de sus cargos, habrían realizado múltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relación al valor real del terreno, su adquisición.
Lo anterior omitiendo, además, sucesivas y categóricas objeciones de la Contraloría Regional de Coquimbo y su negativa a tomar razón, en cuatro oportunidades, del contrato de compraventa presentado por el GORE para dicho fin.
Aporte de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados
A un año de los hechos, el diputado Daniel Núñez, quien presidió la comisión investigadora, señala que «por lo menos hemos logrado que todo lo que estaba oculto en esta caja de Pandora saliera a relucir, y aunque se que desde ese punto de vista avanzamos sustantivamente, creo que lo que conoce la opinión pública solo es la punta del iceberg».
«Logramos que esta situación no fuera olvidada ni quedara oculta, y se revelara la trama de corrupción que se generó con este caso, ahora sí considero que tenemos un gran déficit en que exista, por una parte justicia, y que los responsables de haber hecho esta operación inmobiliaria fraudulenta vayan presos, y en esto está muy clara la responsabilidad que tiene José Cáceres, como uno de los beneficiados directos en esta estafa», agrega.
En cuanto al aporte de la comisión investigadora, señala que «en primer lugar fue para conocer una serie de hechos que no se conocían, que estaban ocultos y generan una presión de parte de la opinión pública y los medios locales. Desde ese punto de vista, el logro más concreto es que toda nuestra labor de difusión y de invitaciones a personeros que conocían de este caso, permitió que el Consejo de Defensa del Estado tuviera la convicción de presentar una querella por fraude al fisco».
«Sin la comisión investigadora, tengo la convicción que estos hechos hubieran quedado ocultos y no existiría querella del Consejo de Defensa del Estado», agrega.
Respecto a los próximos meses, comenta que «la gran deuda que tenemos, que a estas alturas, a un año, y sobre todo con la gran cantidad de antecedentes que existen, varios de los cuales los conocimos en la propia comisión investigadora, creo que hay mérito suficiente para formalizar a José Cáceres, a la ex intendenta Lucía Pinto y a Eduardo Espinoza, ex director del área jurídica, y uno echa de menos que el Ministerio Público actúe con más prontitud».
Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren comenta que «tenemos un aniversario triste en la región, que es el caso del Papaya Gate, y hasta estas alturas no tenemos ninguna información de lo que de verdad sucedió ahí, las instituciones, el Ministerio Público, la Contraloría, no han evacuado todavía un informe o un fallo, y además la única institución que ha sacado adelante una investigación fuimos nosotros en la Cámara de Diputados, con la mitad de la participación que hubiésemos querido, porque hubo muchos que no quisieron estar presentes».
«Cuando se está claro en la verdad, no hay que ocultarla, porque la verdad nos hace libres, y si es dura, libera decir las cosas, si no es así y se han tergiversado las cosas, con mayor razón se debería haber participado de esta instancia para poder aclarar lo que tal vez muchos piensan en forma equivocada», sostiene.
En esa línea, el parlamentario Matías Walker señala que «a un año de conocerse el caso Papaya Gate, y los hechos que desencadenaron en una investigación por parte del Ministerio Público y una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco, se determinaron responsabilidades políticas, sobre todo de la ex intendenta Lucía Pinto, José Cáceres y de Eduardo Espinoza, no así las responsabilidades penales, que no se han determinado».
«Tengo la impresión que vamos a tener pronto formalizados en este caso, y creo que lo más relevante es que este tipo de situaciones no queden en la impunidad y que la gente sienta que no se pueden pagar precios desproporcionados y nadie asuma responsabilidades, en una región que además tiene muchas necesidades», cierra.
Pese a los intentos de obtener alguna declaración de la gobernadora regional Krist Naranjo, al cierre de esta edición no fue posible.
