El 4 de diciembre de 2020, el diputado Pedro Velásquez habría contactado al comunicador social de la zona Vicente Muñoz Cortés, para trabajar como su Jefe de Gabinete en la Provincia de Elqui. Un acuerdo por un año con un sueldo de $ 600 mil pesos mensuales, que luego de dos meses se habría roto por una denuncia de no pago que hizo el empleado. El abogado del demandante solicitó al Tribunal de Trabajo de La Serena el embargo de la dieta parlamentaria del ex alcalde, para cubrir la deuda y los intereses que afectarían a su representado.
Según explica Jairo Muñoz, abogado en la causa, la promesa de Velásquez era que el trabajador se dedicara 100% a labores de gestión y armado de agenda del congresista. El contacto con la prensa habría sido otra de las funciones específicas que se le había encomendado, como también apoyar la campaña de Moira Navea, ex esposa de Pedro. Contrato de lunes a viernes, que finalizado el primer mes traería a colación los primeros conflictos.
El relato del jurídico hace referencia a que Velásquez habría prometido pagar con fondos de la Cámara, y que la demora en un comienzo se debía a que aún no llegaba la credencial oficial que acreditaba a Vicente Muñoz como trabajador del parlamentario. Sin embargo, las «excusas» habrían hecho colmar la paciencia del supuesto afectado, y es que según la demanda a la cual tuvo acceso LA REGIÓN, nunca se habría normalizado la situación financiera.
«Al pasar el primer mes no le pagó, y cuando íbamos a finalizar el segundo mes de trabajo, mi representado lo llamó para quejarse y pedirle una explicación. Fue en ese entonces en que el diputado decide despedirlo por teléfono, dejando una deuda inconclusa a pesar de los servicios prestados».
En consideración al despido telefónico, el afectado concurrió a la Inspección del Trabajo de Coquimbo para hacer la denuncia. «Fuimos citados a audiencia de conciliación para el día 13 de mayo de 2021, pero el demandado no concurrió ni dio excusas por su inasistencia, por lo que no me quedó otra opción que recurrir a los tribunales de justicia», decía el documento judicial.
En ese contexto, Velásquez, «y sólo con el ánimo de poner término al juicio», habría acordado en junio pasado pagar $ 1.525.138 en tres cuotas mensuales, de los cuales nunca habría desembolsado la totalidad del dinero pactado y tampoco habría respondido a los requerimientos realizados a través del tribunal.
«Si tu revisas el documento, es por mucho más dinero la demanda. Pero mi representado quería darle prioridad al pago, por lo que decidimos acordar una salida. El trabajador necesitaba el dinero para pagar sus cuentas y deudas personales, por lo que le era imperioso que esos recursos le llegaran cuanto antes. Si nosotros hubiésemos impulsado un juicio no teníamos como perderlo, tenemos todas las pruebas, los mensajes de Whatsapp de Velásquez para corroborar la información, pero preferimos llegar a un acuerdo parar apurar el pago, siempre confiando en que la autoridad cumpliría».
El pasado 16 de septiembre, el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena dio un plazo máximo de cinco días hábiles al diputado Pedro Velásquez para pagar una deuda de 1,5 millones de pesos. En caso de no cancelar la deuda, el parlamentario debería enfrentar el embargo de bienes que salden la mora. Los días pasaron y no se habría concretado el pago.
Ante esto, el ex alcalde, que fuera destituido de su cargo por fraude al fisco en el 2006 en la comuna puerto, catalogó el hecho como un error administrativo, señalando a otro medio regional que las cuentas «ya estaban al día».
El abogado Jairo Muñoz respondió enfático a lo mencionado por Velásquez. «Lo dicho por el diputado no es cierto, no hubo pago de la deuda, ni siquiera de las cuotas que había solicitado y que le fueron concedidas, sino que después de haber salido la noticia del embargo en la prensa hizo un pequeño abono de la deuda. Ayer recién nomás me llegó uno de 400 mil y otro de 200 mil pesos. Si uno entra a la página del poder judicial, se podrá observar que sigue todo abierto y nada se ha cancelado».
A raíz de lo anterior, el profesional solicitó el embargo de la dieta parlamentaria del diputado, «ya que no puede ser que un parlamentario, que tiene un sueldo millonario, haga un pequeño abono para justificar un supuesto error administrativo.
«Sin perjuicio de lo anterior, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 467 del Código del Trabajo, se decreta la retención de los dineros que le pudieren corresponder al ejecutado por concepto de devolución de impuesto a la renta hasta por el monto señalado anteriormente, debiendo oficiarse a la Tesorería General de la República», versa la resolución del tribunal.
Mientras se espera que dentro de los próximos días el Juzgado de Letras tome una resolución con el caso de la demanda laboral de Velásquez, el abogado pone en duda el patrimonio del diputado y también de parte de la familia del congresista.
«Con todo lo sucedido, uno se pone a investigar sobre los bienes que tiene el parlamentario y parte de su círculo cercano. A priori me llama la atención que su hijo, el actual concejal Felipe Velásquez, tenga a su nombre dos inmuebles que fueron adquiridos cuando él ni siquiera estaba titulado ni generaba ingresos. A mí me gustaría saber de dónde salen los recursos que tiene esta familia», cerró Jairo Muñoz, abogado en la causa laboral contra el diputado de Coquimbo Pedro Velásquez.
