Una serie de iniciativas judiciales han presentado en los últimos meses los vecinos del ex Fundo Loreto en Altovalsol. Esto debido a que adquirieron sus propiedades con las acciones de agua correspondientes, no obstante, argumentan que estarían siendo privados del vital elemento al negarse a firmar un contrato con Northern Water SpA, empresa mandata por la administración, Altovalsol SpA, para tratar el recurso hídrico.
Quien patrocina estas causas es el abogado, Javier González, quien recibió a Diario La Región para comentar las características del conflicto que tiene enfrentados a buena parte de los parceleros con la entidad encargada de gestionar sus bienes comunes.
«El objetivo principal de estos recursos de protección es porque entendemos que se están vulnerando derechos esenciales de mis representados, desde el punto de vista del Derecho a la Propiedad, asegurado por la Constitución y además respecto a la Igualdad ante la Ley…Esto lo señalo, porque nosotros creemos que estamos siendo objeto de resoluciones tomadas a puertas cerradas, por una sociedad con acciones, creada única y exclusivamente para la administración de los bienes comunes y que toma resoluciones sin haber un criterio, en definitiva, objetivo», indicó.
El jurista que representa, en promedio, a 220 vecinos y tiene tres iniciativas legales en curso, las cuales están interpuestas por habitantes de los loteos El Maitén y La Cebada Uno, además, de otro que personifica a la totalidad del ex Fundo Loreto; agregó que «estos son loteos privados, aquí no puede imponerse una administración, no ha habido requerimiento de parte de mis representados por esta administradora».
«No se ha solicitado ese servicio de potabilización del agua».
Una de las razones dadas por Altovalsol SpA, para que se cambiara el modelo de cobro del agua, es que este recaudo se llevaba a cabo anteriormente a través de los gastos comunes y al no ser pagados en su totalidad por los parceleros, se generaron deudas cercanas los 50 millones de pesos.
Acerca de esta situación, González aseguró que «ese es el punto, el meollo de todo este conflicto. Porque mis representados adquirieron parcelas de agrado de cinco mil metros cuadrados, más o menos, con derechos de agua de 0,1 y 0,2 acciones respecto al Canal San Pedro Nolasco, el que históricamente ha regado ese fundo…y mis representados, en la conciencia y en el convencimiento, no solo porque se lo dijeron sus vendedores y además, está plasmado en sus escrituras de compraventa y derechos de agua que efectivamente fueron inscritos a su nombre; gozan de sus derechos de agua como regantes (…) jamás hemos discutido acerca del pago que debe hacerse por los bienes comunes y la potabilización del agua, lo que ocurre es que acá no se ha solicitado ese servicio de potabilización del agua, quieren que se les siga manteniendo el agua de riego que originalmente que ellos tenían».
