Dicha actuación legal consiste en que la compañía deberá buscar la forma de cumplir a sus acreedores con una deuda total de $24 mil millones.
Entre las principales deudas de la empresa está la que corresponde a la Tesorería General de la República, que supera los 3.600 millones de pesos y que corresponde al 15% del total de las deudas.
Existe un crédito moroso con el Banco Security que alcanza los $3.100 millones. Con LG internacional, la deuda alcanza a los $2.020 millones. $1.855 millones con Komatsu Cummins y otros $1.156 millones que tienen como titular a la empresa Ingeniería y Maquinarias Real.
Sin embargo, aunque representan un porcentaje menor, uno de los principales compromisos que tiene la empresa es con sus 240 trabajadores, a los que se les adeudan sus remuneraciones e indemnizaciones legales.
El balance presentado por la empresa da cuenta de activos por un monto de $21 mil 746 millones, los que incluyen depósitos en 9 bancos por un total de $1.734 millones.
Además la compañía tiene $12.144 millones, que corresponden a inventarios mineros.
Sobre esos activos los acreedores de la minera, que suman más de 500, buscarán que la empresa pueda asumir el compromiso de cumplir con sus obligaciones pendientes.
De no lograrse un acuerdo, el veedor asignado, Patricio Jamarne Banduc, deberá proceder a la liquidación (quiebra).
En ese caso, lo que se deberá realizar es la venta de todos los activos de la empresa, con el fin de que los acreedores puedan recuperar algo de las deudas.
Sobre ese pago, la misma normativa establece un orden de pago, que primero asegura las remuneraciones de los trabajadores e impuestos y luego el resto de quienes sean capaces de demostrar sus deudas pendientes por parte de la compañía.
Recordemos que la solicitud de reorganización de la minera fue solicitada primero por la empresa Inversiones Paz, sin embargo, fue la misma empresa la que también finalizó por solicitar la intervención de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Cabe señalar que la causa está radicada en el Tribunal de Andacollo y a cargo de la magistrada Carla Rigotti Alcayaga.
Es importante tener en cuenta que las actuaciones que dicen relación con la solicitud de Inversiones Paz en contra de la Compañía Minera Dayton, corresponden a una causa independiente, iniciada el 4 de abril de este año, en la que todavía no existe una resolución directa.
La orden de reorganización fue dictada por el tribunal en atención a la solicitud de la propia empresa, que solicitó tal actuación el día 7 de abril, por la que la jueza ya ordenó que se cumpliera con lo establecido en la ley respectiva.
Por ahora la Compañía Minera Dayton no ha emitido ningún tipo de declaración y sólo se ha limitado a cumplir con la tramitación legal de su reorganización.
Entre las acciones emprendidas por la empresa, en medio de la crisis, el directorio despidió al gerente general Jorge Martínez Cavalla. En ese cargo nombró a partir del 19 de abril a Gabriel del Rosario Urra Castillo, quien asumió en calidad de subrogante.
