Se trata de un monto cercano a los $ 3 mil millones de pesos que fueron entregados por el municipio de Coquimbo, en la gestión de Marcelo Pereira, a la empresa Sacyr, quienes tienen a cargo la construcción del edificio consistorial del puerto. El período de revisión fue entre el 31 de mayo de 2018 y el 30 de noviembre de 2020.
Con el objetivo de efectuar una auditoría al contrato por la construcción del edificio consistorial de Coquimbo, en el que la municipalidad porteña interviene como Unidad Técnica del proyecto y el Gobierno Regional de Coquimbo como mandante, la Contraloría dio a conocer un informe considerando el período de revisión comprendido entre el 31 de mayo de 2018 y el 30 de noviembre de 2020, correspondiente a la fecha de la recepción provisoria de la obra, además de un transacción extrajudicial suscrita con fecha 14 de septiembre de 2018, entre el municipio y la empresa contratista, Sacyr.
Del documento de 103 páginas, al cual tuvo acceso LA REGIÓN, se determinó que la municipalidad de Coquimbo suscribió con la empresa Sacyr Chile S.A., una transacción extrajudicial por $2.975.000.000, argumentando aquello en evitar un eventual litigio entre las partes, relacionado con un aumento en el valor de la ejecución del proyecto y perjuicios económicos informados por la empresa, derivados de situaciones que, en opinión de la constructora, le serían compensables.
El informe consigna que Sacyr argumentó su petición en base a un informe emitido por la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile, DICTUC, y un análisis del valor mensual adicional a compensar por el tiempo transcurrido hasta la obtención del financiamiento de las modificaciones de obras.
Por lo que el municipio suscribió dicho acuerdo, en el que se indica que no se reconocen los hechos alegados por la empresa, y se hace con el solo ánimo de evitar un litigio entre las partes que dilatase y comprometiese la entrega en uso del referido edificio, sin efectuar un análisis técnico y económico detallado de las pretensiones sostenidas por la empresa con anterioridad a haber optado por la alternativa de recurrir a dicha transacción.
Lo que a juicio de Contraloría no se apega a la ley, en donde los actos administrativos deben expresar los antecedentes de hecho y de derecho que se tuvieron en consideración para adoptar la determinación, los que conforme a los antecedentes disponibles no se tuvieron a la vista al momento de suscribirse y autorizarse la transacción.
El desglose
De los cerca de $ 3 mil millones, $ 929.306.059 corresponde a «menores gastos generales -diferencia entre gasto general real y pagado, por menor producción asociada a situaciones de responsabilidad del mandante», y otros $ 1.201.685.976, son «por el plazo que habría transcurrido hasta la obtención del financiamiento de las modificaciones de obras, sin que las bases contemplaran indemnización por concepto o motivo alguno».
Contraloría determinó que la municipalidad de Coquimbo no ha devuelvo al GORE la totalidad de los aportes comprometidos, manteniendo una deuda con esa entidad regional por $ 3.467.694.525.
Por lo que el municipio deberá realizar los análisis correspondientes de manera previa, respaldándolos fundada y documentadamente y efectuar las gestiones que procedan, de tal forma de pagar al GORE lo adeudado, debiendo informar fundadamente de ello en un plazo de 60 días hábiles.
En cuanto al valor de la transacción extrajudicial, por el monto cercano a los $ 3 mil millones de pesos, Contraloría determinó que el municipio sólo ha instruido un 25% del total pactado, y que no se tiene certeza sobre las partidas que fueron pagadas, por lo que el organismo de control procedió a remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Local de Coquimbo para los fines a que haya lugar.
Además, se observó que el municipio aprobó obras extraordinarias por partidas que formaban parte de los antecedentes del contrato, o que se encontraban previstas en la normativa vigente, equivalentes a $ 18.537.472, debiendo haber sido ejecutadas con cargo al contratista, por lo cual la entidad deberá tener en consideración dicho monto al momento de efectuar la liquidación del contrato.
Por otro lado, se verificó que el municipio aprobó aumentos de obra y trabajos extraordinarios por la suma de $ 901.312.482, que no se verifican imprevistas e ineludibles conforme exigen las bases, por lo que ese servicio deberá resguardar que las partidas que se incluyan como obras extraordinarias en las iniciativas que ejecute.
Contraloría observó que la SECPLAN «se excedió de sus atribuciones» al determinar las modificaciones de obra en tanto respecto de la Inspección Técnica de Obras, ITO, se objetó que sólo hubiera informado de aquellas sin que conste la evaluación respectiva que a esa parte le correspondía, debiendo el municipio, en los contratos que en lo sucesivo ejecute, adoptar las medidas que procedan a fin de que los servidores intervinientes cumplan con las funciones que le son asignadas.
Consultados al municipio y al Gobierno Regional, al cierre de esta edición no fue posible obtener una declaración.
