Plan impulsado en algunas comunas de Santiago, como La Reina y La Florida, debido a los altos índices de violencia, no es bien vista por los ediles de La Serena y Coquimbo, quienes llaman a «ser responsables y serios a la hora de tratar el tema».
En Santiago, la medida que tomó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de decretar «Estado de emergencia comunal», debido a los altos índices de delincuencia, ha generado diversas reacciones. Esta acción contempla la contratación de 100 ex funcionarios de Carabineros, PDI y fuerzas militares, para un «batallón de protección ciudadana».
Y si bien son varios los municipios que han evaluado sumarse a la idea de Carter y decretar emergencia comunal, al menos en la región de Coquimbo, especialmente en La Serena y Coquimbo, el plan debe tratarse con responsabilidad.
Para el edil Roberto Jacob, «todas estas ideas han emergido a raíz del estado de delincuencia grave que existe en el país, pero hay que diferenciar dos cosas: los municipios no tienen el rol de la policía y, como lo dice la Contraloría, tampoco existe un estamento legal que lo permita. Algunos dicen que poco menos que hay que armar a los vecinos, pero creo que es tremendamente peligroso tener nosotros responsabilidades que son del Estado y las policías».
Agrega que «por mucha buena intención que queramos darle, podemos convertir esto en algo muy peligroso, entonces lo que debemos exigir con fuerza es que el Estado y las policías hagan su trabajo. Nosotros podemos colaborar en patrullajes mixtos y poner a disposición todo lo que podamos en cuanto a lo técnico, pero hacernos cargos de la seguridad, es como endosarnos una responsabilidad que no nos corresponde».
Medidas extremas
En materia de seguridad preventiva, advierte que a la fecha han entregado más de 4.800 alarmas comunitarias, 1.650 kits de cuatro cámaras cada uno, para distintos sectores de la comuna, 880 cámaras inteligentes, un dron para Gendarmería, equipamiento individual para la PDI y Carabineros, y también 15 bicicletas para Carabineros y dos furgones como retenes móviles. Explica que «la desesperación hace que a veces pensemos en medidas extremas, pero de la misma manera debemos pensar con responsabilidad. Entiendo que los municipios pueden estar muy preocupados porque ven que no existe la responsabilidad de quienes deben tenerla y lamentablemente es un signo de desesperación, porque la gente recurre a nosotros y nos exige que los escuchemos y podamos tratar de resolver los problemas, pero hay algunos que legalmente no podemos resolver y tampoco endosárselo a los civiles. Siento que el Estado debe ponerse con los medios tecnológicos, el factor económico y, por último, sacar el 2% constitucional que tiene para dotar a las policías de todos los elementos que les falten».
Responsables
En Coquimbo hay una situación preocupante debido a los últimos delitos de alta connotación, pero a juicio del edil Alí Manouchehri, para combatir la delincuencia «se necesitan acciones concretas y un trabajo sostenido en el tiempo».
En ese sentido, advierte que como municipio «estamos centrados en trabajar colaborativamente con las instituciones de Gobierno y las policías, impulsando más inversión para que éstas puedan desarrollar su labor con hechos concretos, como el aumento de nuestro presupuesto municipal para seguridad 2024, con una nueva garita de Carabineros en el centro, comprando motocicletas y retenes móviles para apoyar la labor policial, entre otras iniciativas».
En esa línea, esgrime en cuanto a la idea de sumarse a lo planteado por algunos municipios de la capital, «que hay que ser responsables a la hora de abordar este tema, pues sabemos que aún hay mucho trabajo por hacer y existe una preocupación por los últimos acontecimientos que hemos enfrentado. Pero tenemos que ser serios, trabajar dentro del marco legal y no generando una alarma en la comunidad, porque nuestro rol es colaborar con las instituciones que velan por la seguridad para devolver la tranquilidad a los vecinos y vecinas».