Pese a que el plazo para que el Tribunal Ambiental de Antofagasta se pronuncie sobre el fallo acerca de la aprobación o rechazo del proyecto minero portuario Dominga ya se cumplió, sigue sin darlo a conocer lo que ha generado gran expectación a nivel regional y nacional.
En medio de la incertidumbre diversas organizaciones ambientales involucradas en el conflicto por el proyecto Dominga anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema en caso que el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta ordene retrotraer su trámite ambiental.
Así lo señaló Javiera Calisto, abogada de Oceana Chile, quien comentó que «esperamos que el Tribunal Ambiental rechace la reclamación de Andes Iron y por lo tanto, se confirme lo decretado por el Comité de Ministros en agosto. Como Oceana, creemos que hay antecedentes técnicos suficientes para ello y esperamos que el Tribunal los tome en cuenta para justificar su fallo».
«Si el Tribunal Ambiental acepta la reclamación del titular, entonces interpondremos un recurso de casación ante la Corte Suprema para revertir el fallo. Esperamos que en esa instancia se sume el Comité de Ministros, representado por el Servicio de Evaluación Ambiental, para defender la resolución que rechazó el proyecto. Hay que aclarar que el Tribunal Ambiental no tiene la facultad de aprobar el proyecto y solo puede resolver que se vuelva a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo» agregó Calisto.
«Esperamos que los Ministros hayan podido estudiar en profundidad los antecedentes presentados y confirmen que un proyecto como éste no cumplió con los requisitos mínimos para realizarse» puntualizó la abogada.
Por su parte, Nancy Duman, de la ONG ambiental Sphenisco, señaló que «todo el mundo está esperando el fallo y una vez que se conozca vamos a reaccionar».
«Lo que tenemos claro es que nosotros no vamos a estar de acuerdo con un fallo que signifique darle luz verde a Dominga, puesto que se trata de un proyecto que su evaluación ambiental ha sido con errores e irregularidades, por lo tanto no cumple con la ley ambiental, desde ese punto de vista, nosotros jamás vamos a estar de acuerdo» agregó.
A juicio de Duman, «el problema es que Dominga como Cruz Grande no cumplen con la ley ambiental, no nos dan ninguna garantía que no se va a dañar el medio ambiente, los recursos naturales ni las áreas de manejo más productivas que tiene la Región de Coquimbo».
Una visión distinta comparte la abogada del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema), Alejandra Donoso, expresó que «a mí me llama profundamente la atención de esta expectativa que se ha dado porque, jurídicamente, no hay espacio para esto. El plazo que establece la ley 20.600 es de 30 días desde que se toma el acuerdo, es un plazo de días hábiles y referencial, en Chile, lamentablemente, es rara la ocasión en que los tribunales respetan ese plazo. Valoramos la decisión del primer Tribunal Ambiental o el deseo de respetar ese plazo. La causa se puso en estado de acuerdo el día 22 de marzo, por lo tanto, todavía no se cumplen esos 30 días entonces, insisto, me llama la atención esta expectativa».
En la espera de la resolución final, la abogada profundizó en todos los escenarios posibles, «si el tribunal rechaza la reclamación de Andes Iron, lo que corresponde es mantener el rechazo del proyecto y si el proyecto quisiera revivir, tendría que mejorar su estándar con el cual fue presentado, mejorar su línea de base, su estudio de impacto ambiental y volver a presentarse a evaluación».
Tribunal Ambiental todavía no se pronuncia (tipo recuadro)
Desde el Departamento de Comunicaciones del Primer Tribunal Ambiental señalaron que «a la fecha, la sentencia no se ha dictado, que en tanto se dicte será notificada a las partes y publicada en el sitio web del Primer Tribunal ambiental», esto por la causa R-1-2017 entre Andes Iron SPA y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
De esta forma, todavía no hay certezas respecto a la decisión que tomará la instancia judicial y que podría retrotraer el proyecto a etapas anteriores o darle el punto final al caso.
En caso que se opte por devolver la tramitación al Comité de Ministros, el proyecto minero portuario podría tener una nueva oportunidad. Esto, siempre y cuando los argumentos de Andes Iron convenzan a los secretarios de Estado de la nueva administración de que la decisión de la instancia regional presentó vicios y fue ilegal.
