El centro está colmado, especialmente calle Gregorio Cordovez. A primera hora llegan decenas de comerciantes ambulantes con sus bultos al hombro. Muchos son extranjeros. Ayer agregaron a sus clásicos géneros para poner mercaderías, qitasoles y hasta una carpa puso un vendedor de frutas y verduras.
Mientras, las autoridades dicen que está fuera de control y «si no se logra erradicar de una calle se instalan en otra, pululando…»
Rolando Casanueva, coordinador de seguridad pública, analiza la situación.
SIN SOLUCIÓN
En el centro de La Serena continúa la persecución del municipio contra los vendedores ambulantes. Y la agresión de parte estos a inspectores municipales.
No se dan tregua. Para el municipio es casi una batalla pérdida. Para los comerciantes en cierta manera igual, porque «no nos dejan trabajar tranquilos», aseguran.
También un problema -hasta ahora- sin solución para Rolando Casanueva, Coordinador Regional de Seguridad Pública.
«Gregorio Cordovez es una calle que habitualmente los comerciantes se tratan de tomar, como parte de su vida diaria, y así instalarse en la vía pública e infringiendo las ordenanzas municipales. Pero el problema es también de quienes compra estos productos ilícitos y de dudosa procedencia», afirma.
Ella (no quiso dar su nombre) trabaja hace algunos meses justamente en calle Cordovez, y tajante responde, «sólo estamos trabajando, estamos ganando dinero para mantener a nuestros hijos», explica mientras ofrece su producto.
No tiene un carro ambulante porque teme que la policía lo confisque. Transporta su mercadería en uno de supermercado sobre el cual abre una sombrilla que la protege del sol.
Como ella, otros muchos. Por eso las manifestaciones y las pancartas que han instalado en varios lugares. «Sólo queremos trabajar», dice su vecino.
Mano dura
A raíz de esta problemática existe una mesa de trabajo, donde las autoridades -gobernador, municipalidad y Carabineros- están trabajando hace años para desarrollar servicios preventivos, pero que hasta el momento de nada han servido.
«Todos los años se deben reforzar los procesos de control y fiscalización del comercio ambulante, porque constantemente se están tomando las calles, y por eso es una verdadera pandemia, porque están ahí, tratando de instalarse con productos ilícitos, e incluso se adueñan del sector diciendo que son los propietarios», asegura Casanueva.
Marcelo Gutiérrez, gobernador de Elqui, no lleva una semana en el cargo pero «me gustaría actuar desde ya, aunque debo ser precavido y entender la problemática de raíz. Pero pondremos mano dura y Carabineros y PDI tendrán el respaldo absoluto».
Condenó la agresión que sufrieron los inspectores municipales hace unos días y por eso el próximo día lunes convocó a una reunión de seguridad pública y social, «donde cité al seremi del Trabajo, de Desarrollo Social, Impuestos Internos, además del municipio y las policías, porque existe un tema de violencia que es fuerte, pero también sabemos que hay personas que han perdido sus trabajos y no les ha quedado otro remedio que salir a la calle a vender. Así que el trabajo lo haremos focalizado, pero tendremos mano dura con las personas que vienen a delinquir».
Leyes más SEVERAS
Coinciden que a consecuencia de la fase 4 y su apertura se ha visto y permitido un mayor flujo de personas en el centro, «y lógicamente que los comerciantes ambulantes tratan de adueñarse de las calles y por eso ha habido dificultad con los inspectores, a quienes han intentado atacar. También han instalado carteles exigiendo sus derechos y que no son así, porque ellos están desarrollando una función ilícita», se quejó Casanueva.
Pese a los esfuerzos que dicen hacer, reconoce que es muy difícil poder erradicar este comercio ilícito, porque «son grupos propensos a la violencia y porque si no se logra erradicar de una calle se instalan en otra, hasta que logran vender de forma irregular, y por eso cuesta erradicarlos. Para eso se necesitan leyes más duras y que la sanción que le apliquen los tribunales les inhiba esta venta, dado que al ser muy bajas las sanciones, para ellos no es un problema la venta».
Lo complicado, además, es el apoyo que dicen les entrega el público comprando sus productos, pero también «porque esta gente se trata de empoderar y se concerta para poder tomar al público a favor de ellos, y eso la ciudadanía debe entenderlo».
Para Casanueva, «son personas que no entienden lo que es el respeto del comercio establecido, entonces se tienen que seguir haciendo gestiones para seguir fiscalizando e inhibir el accionar de ellos, y esa es una acción que deben desarrollar tanto las policías como los municipios».
