El 4 de octubre, el diputado oficialista Francisco Eguiguren (RN) reconoció haber hecho mal uso de dineros fiscales, que luego los reembolsó. Dineros que eran para pagar el arrendamiento de un auto para la su labor parlamentaria.
De forma unánime, la comisión de Ética de la Cámara lo sanciona con una amonestación y el 3% de su dieta mensual.
A la comisión «no le cabe más que concluir que parte de los fondos proporcionados por la Corporación no fueron oportunamente utilizados para sus fines propios, siendo por tanto destinados a otros asuntos personales».
La Comisión dio por acreditado que el diputado Eguiguren recibió oportunamente de la Corporación los fondos destinados al arriendo de vehículo y que, sin embargo, hizo los correspondientes pagos a la automotora de forma latamente diferida en el tiempo. En particular, y de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la automotora. A agosto de 2019 existían facturas impagas de los meses de octubre de 2018 y de febrero y marzo de 2019. Asimismo, se acreditó que a octubre de 2019 no existían deudas impagas por parte del diputado.
Lo descrito en los considerandos precedentes constituye una negligencia grave en el manejo de los fondos públicos a los que se accede en función del cargo de diputado, lo que cabe calificar como una infracción al deber de probidad que mandata dar preeminencia al interés general sobre el particular, a la luz de lo dispuesto en el Código de Conductas Parlamentarias, en el inciso primero del artículo 4°.
La instancia parlamentaria estimó que «la conducta del diputado constituyó una infracción al deber de probidad señalado en el artículo 346 del Reglamento.
La resolución fue adoptada de forma unánime por los parlamentarios María José Hoffmann, Karin Luck, Bernardo Berger, Jaime Bellolio, Juan Luis Castro, Javier Macaya, José Pérez Arriagada, Guillermo Teillier y Esteban Velásquez.
Otros casos
La historia reciente nos lleva a Pedro Velásquez, quien fuera condenado en juicio oral, acusado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Compró una parcela en 260 millones de pesos, la cual tenía un valor comercial de 110 millones. Fue condenado a 300 días de pena remitida, inhabilitación perpetua para ser alcalde y al pago de 165 millones en multas e indemnizaciones.
En Calama, el fallecido ex alcalde Edwin Rowe también fue condenado por negociación incompatible y fraude al fisco.
A mayor escala, el caso Penta abrió una caja de Pandora. Corrupción, dinero y política. 46 días estuvieron en prisión preventiva sus controladores Carlos Délano y Carlos Lavín, en el anexo penitenciario Capitán Yáber, por ser considerados un peligro para la sociedad.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), en ese momento el partido más votado de Chile, recibía todos los golpes. Figuras emblemáticas como Pablo Zalaquett, Jovino Novoa e Iván Moreira estaban en la mira por el financiamiento ilegal de la política.
Por otra parte, el caso SQM llegó a tener 180 formalizados, incluso personas ligadas a campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet.
La trama enfrentaría a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el retraso en la presentación de querellas de muchos casos que estaban por prescribir. Aunque lo que había detrás era mucho más oscuro.
