La medida sería una opción clara si las negociaciones por el reajuste y mejoras laborales realizadas hoy a nivel nacional no llegan a buen puerto.
Este jueves se llevó a cabo el paro nacional y marcha de funcionarios públicos, organizada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT, para hacer presión en las negociaciones que lleva el sector público con los ministerios de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social, y el director del Servicio Civil.
Una de las principales problemáticas refiere a la inestabilidad laboral provocada por el desentendimiento de contraloría respecto a la confianza legítima, medida que resguardaba la continuidad de los trabajadores públicos que están a contrata con plazos fijos anuales.
Participación
En el ámbito local, la marcha, que inició en la Plaza Buenos Aires de La Serena y terminó en la Gobernación, contó con una gran participación de trabajadores públicos, uniendo a diferentes gremios de la salud, educación, administrativos, etc.
La gran convocatoria, que llenó el frontis del edificio de gobierno regional e indudablemente se hizo notar en su despliegue por el centro de la ciudad, fue valorada por el presidente regional de ANEF, Patricio López. «Estamos muy contentos con la convocatoria, fue mucho más de lo que esperábamos. Esto demuestra la importancia de la lucha por nuestros derechos y principalmente por la inestabilidad en la que estamos siendo involucrados, más aún cuando tenemos servicios que están cambiando de autoridad».
Esta misma estabilidad sería provocada por el dictamen de la Contralora de la República, Dorothy Pérez, quien dejó la medida de confianza legítima fuera del alero de contraloría y en su defecto remarcó como única entidad responsable a la Corte Suprema, la cual fija un criterio de 5 años en un cargo público para que un funcionario pueda apelar a dicho principio jurídico.
Si bien parlamentarios del oficialismo presentaron el jueves de la semana pasada un proyecto para asentar la confianza legítima luego del segundo año de renovación de contrato, desde la ANEF aseguran que la medida debe provenir del gobierno y no del parlamento.
«Entendemos y agradecemos la buena voluntad de diputados de diversos colores por el tema, pero tiene que ser el gobierno el que lo presenta, porque es materia propia de él», aseguró el presidente regional de ANEF, quien declaró que al igual que este proyecto de ley, el gobierno no ha cumplido con otros compromisos con los funcionarios públicos.
«El tema de las 40 horas, al igual que para el sector privado, es necesario para nosotros y no se ha enviado el proyecto. En el petitorio también se menciona el incentivo del retiro y el reajuste», agrega López.
A su vez, Fabiola Sepúlveda, presidenta regional de Ajunji y presidenta por la provincia de Elqui de la CUT, expone otros puntos a considerar en el petitorio, junto con un patrón de demora en los pagos de fin de año que ha generado preocupación.
La actividad, que concluyó con la entrega simbólica del petitorio que hoy se negociará a nivel nacional, fue considerado como un acto de advertencia para las autoridades, así lo explicó el dirigente regional de ANEF.
«Acordamos en la mesa del sector público que esto es un paro de advertencia. Si mañana las respuestas son malas, el lunes estaremos analizando qué vamos a hacer y no descartamos que empecemos un paro ya indefinido».
