La moción -de autoría del parlamentario por la Región de Coquimbo- fue aprobada de manera unánime por 100 votos a favor. El proyecto sigue ahora su tramitación en el Senado.
“La bahía de Coquimbo y de otras comunas del país están convertidas en verdaderos cementerios de embarcaciones abandonadas por sus propietarios, lo que genera peligros para la navegación y también para el medio ambiente, porque muchas veces quedan varadas con combustible en sus estanques y la oxidación genera filtración del petróleo. Esta nueva ley permitirá a la autoridad marítima contar con mejores herramientas para hacer responsables a los propietarios y así contribuir a resolver este problema. Privados ya no podrán abandonar barcos”, subrayó.
El diputado explicó que la moción surgió a raíz del abandono del buque “Don Humberto” en la bahía de Coquimbo y que representaba un peligro para el medio ambiente al contener petróleo en sus estanques. Luego de una campaña pública junto a los pescadores artesanales y de los recursos aportados por el Gobierno Regional se retiraron los hidrocarburos desde la nave.
“El buque Don Humberto, abandonado por su dueño en la bahía de Coquimbo el año 2011, me motivó a impulsar este proyecto de ley. Los pescadores artesanales me manifestaron su preocupación y pusimos en marcha una campaña hacia diferentes autoridades para conseguir los recursos que nos permitieran evitar una tragedia medioambiental. Logramos el retiro del combustible, pero aún está pendiente el desguace de la nave oxidada”, enfatizó.
La nueva ley establece que las naves o artefactos que estando a flote carecen de dotación reglamentaria a bordo, se entenderán abandonadas y pasaran al dominio del Estado.
Asimismo, dispone que los costos de la operación tendiente a remover o extraer la nave, aeronave o artefacto naval, hundido, varado, a la deriva o sin dotación reglamentaria serán de cargo del propietario.
Según la Armada, en el litoral existen cerca 190 naves abandonadas, de las cuales al menos 50 representan un serio peligro u obstáculo para la navegación, la pesca, la preservación del medio ambiente u otras actividades marítimas o ribereñas y que el abandono de estas naves en algunos casos alcanza los 20 años.
Actualmente en la Tesorería General de la República existen multas impagas por más de 90 millones de pesos, por concepto de abandono de barcos, muchos de los cuales contienen en su interior hidrocarburos y otras sustancias nocivas para el medio ambiente y los seres humanos.
