Luis Retamal, representante de Alta Cruz, asegura que los argumentos de la administración del teatro para no pagar carecen de sustento y presentan contradicciones, por lo que lo cataloga de excusas.
Esta semana se reveló la complicada situación que vive el arrendador y subarrendador del Teatro Centenario de La Serena, el cual data desde los inicios de la nueva administración y que ha conllevado declaraciones cruzadas y acciones legales.
Por un lado, el arrendador, Alta Cruz SpA, representado por Luis Retamal, ha denunciado el no pago de la mensualidad por parte de Teatro Centenario SpA, representado por Sebastián Bravo, quien alega que la decisión responde a incumplimientos de Retamal, lo que ha acompañado con una querella por supuesto fraude contra el mismo.
Para dar respuesta a algunas de las acusaciones emitidas por Bravo, el representante de Alta Cruz conversó con Diario La Región, a modo de esclarecer sus argumentos contra el administrador del teatro.
De su conocimiento
En anteriores conversaciones con el abogado de Bravo en la querella por supuesto fraude, el exfiscal regional Adrián Vega indicó que su representado se habría «topado» con las problemáticas que avalan su no pago con la inversión ya hecha en el teatro, sin previo conocimiento sobre ellas, por lo cual buscan establecer que Alta Cruz «ocultó información dolosamente».
Por su parte, Luis Retamal niega rotundamente ese hecho, dando cuenta de que «todas las deficiencias que pudiese tener el edificio eran conocidas por ello, les dimos un año de gracia, justamente para que las subsanaran; por contrato, se establece que es su obligación ir a arreglarla».
En primer lugar, asegura que la inexistencia de la resolución definitiva del recinto, en ningún momento, se ocultó. «Fue absolutamente informado por nosotros y por los corredores de propiedad a la cual él mismo (Bravo) acudió con una oferta».
Si bien expresa que «no es un elemento invalidante para el uso y la explotación comercial del edificio, tanto así que funcionó por años el antiguo teatro centenario, el cine centenario, con el mismo estatus legal, al igual que todos los locales que están en el mismo edificio y tienen sus patentes». La resolución terminó siendo gestionada en conjunto hasta su obtención.
De igual manera, expone que la subdivisión que mantiene al teatro, compartiendo espacio con locales de comida, responde a la autorización del arzobispado de subarrendar el espacio total o parcialmente.
Junto con aseverar que «ellos también estaban informados de que se compartía el suministro eléctrico», acepta que esto habría generado problemas, pero señala que el contrato responsabiliza a Bravo de soluciones, y que aun así «con afán de ayudar, inmediatamente independizamos eléctricamente el local A. Por lo que no es cierto que no hicimos absolutamente nada; el suministro eléctrico lo tienen separado desde hace mucho tiempo».
Millones de pesos
Retamal asegura que las acusaciones recibidas son ilegítimas por 2 puntos principales. En primer lugar, expone que existe una discrepancia en lo que asegura Bravo respecto a las condiciones del teatro a la hora de querellarse frente a los subarriendos y más de 150 eventos que se han ejecutado. «En una parte dice que el local es inadecuado, cuando se refiere a que no nos puede pagar por eso; sin embargo, cuando él lo arrienda, dice que el local es totalmente adecuado. La verdad es que la contradicción es más bien una excusa para no pagar».
A su vez, asegura que el año de gracia que acordaron era justamente para sustentar arreglos en lugar de pagar arriendo.
«El arriendo del primer año, que se estableció como periodo de gracia, habría sido un total de 99 millones de pesos, lo que, en nuestra opinión, es superior económicamente a la inversión que él hizo para restaurar el teatro», asegura, junto con repasar los 11 meses que a día de hoy están impagos. «Van a cumplir 3 años de contrato y han apagado íntegramente 5 meses y 4 con descuento».
¿Cultura o beneficio económico?
Ante la acusación de seguir un «patrón de sabotaje e interferencia con el proyecto», emitida por Bravo, Retamal responde que «es ridículo, ¿por qué yo quisiera que a mis clientes les vaya mal? Nuestro negocio se sustenta en que les vaya bien para que nos paguen el arriendo y facilitarles su trabajo, no lo contrario».
En ese sentido, explica que si primara el interés económico, no se habría dispuesto el espacio a la cultura. «Si hubiésemos arrendado con fines comerciales, nos habrían pagado 20 millones de pesos mensuales por el espacio. Nosotros renunciamos a eso y ¿ahora somos nosotros los estafadores? Es muy injusto a nuestra manera de verlo».
A su vez, aclara que su intención no es quitarle espacio a la cultura ni al teatro, argumentando que llevar esa línea es una decisión a largo plazo, tomada en conjunto con el arzobispado.
En tanto, asegura que la confianza se ha dañado a tal punto que ve imposible mantener la relación comercial. «De hecho, tenemos un par de alternativas de gente que se nos ha acercado ofreciendo nuevos operadores culturales súper interesantes», comenta.
En el ámbito legal, adelanta que «el 17 de marzo está fijada la audiencia de posiciones en el Segundo Juzgado de Letras de La Serena», donde ambos expondrán sus pruebas. Mientras que, referente a la querella que Bravo interpuso en su contra, se muestra seguro. «Que hayan contratado a la exfiscal Vega no nos amedrenta y consideramos que lo importante no es quién patrocina la querella, sino las bases y si uno se toma el trabajo de leerla, se da cuenta de que en realidad no tiene ninguna».