Más de mil serían los funcionarios auxiliares de la educación afectados por la administración municipal de Coquimbo, que según Contraloría no se habría ajustado al dictamen N° 30.959, del 13 de diciembre de 2018.
Contraloría establece que el municipio de Coquimbo no se ajustó a derecho al aumentar el sueldo base de los asistentes de la educación a contar de febrero de 2018, en una etapa posterior a la establecida en la ley N° 21.040, el Servicio de Educación Pública Local, Slep, Puerto Cordillera -que administra los jardines infantiles escuelas y liceos de la comuna- les comunicó que haría efectiva una rebaja de salarios.
La Asociación Gremial de los Asistentes de la Educación de Coquimbo, Afem, que preside Nolvia Piñones Rivera, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de La Serena para buscar dejar sin efecto la medida, que afectará a 1.040 agremiados y a otros dos gremios, la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación y los de Jardines Infantiles VTF.
«Todos estamos viviendo momentos complejos con Slep, donde no hay ninguna voluntad política, por lo tanto nuestro caso ya está judicializado y ahora esperamos la pronta resolución de la Corte de Apelaciones, esperando, Dios mediante, que el fallo sea a favor nuestro y no nos rebajen el sueldo», dice Piñones.
Los asistentes de la educación no deberían estar afectos a la rebaja de remuneraciones, ya que sus contratos están dentro del Código del Trabajo al no ser funcionarios públicos.
«Hay que aclarar que Slep no consideró el dictamen 6.952 de la Contraloría del 26 de marzo de 2020, donde al responder a nuestro caso, dice que nuestra situación debe ser vista por la Dirección del Trabajo, es así que ahora estamos pidiendo una nueva explicación al Contralor regional, al que solicitamos una reunión por la Ley del Lobby para esta misma semana».
Respecto a la última cita con Puerto Cordillera, realizada a inicio de este mes, Piñones expresó, «la directora de Slep en la reunión nos dijo que teníamos que ser valientes, y a raíz de eso hemos hecho pública nuestra situación y terminamos recurriendo a la justicia, pero por la situación del país por la pandemia ahora hay que ser más que valientes, y por eso todas las autoridades debería ser más empáticas con sus trabajadores y la directora no cumplió con el compromiso de agosto de no hacer efectivos los descuentos mientras durara la pandemia, por eso ahora todos los asistentes de la educación nos preguntamos si la pandemia terminó en noviembre y nadie se ha dado cuenta».
A raíz de la situación, la dirigente confirmó que propondrán al alcalde Marcelo Pereira la posibilidad de que incorpore al estamento municipal a todos los asistentes para terminar el vínculo con Slep, «estamos recibiendo todo el apoyo del alcalde y de hecho tenemos con él una reunión el día jueves, ya que también está preocupado, porque él dispuso el aumento de sueldos en febrero del 2018, y ahora a todos los asistentes nos van a rebajar el sueldo, quitándonos ese beneficio que nosotros revisamos con abogados, que tiene base en nuestros años de servicio, y ese fue el argumento principal que tenemos para defendernos ante la Contraloría, y que también está dentro del recurso ante la Corte, y los años de servicio están estipulados en el derecho administrativo, donde pasa a ser un tema de antigüedad. Pero al final en el dictamen del 2018 y en los posteriores al Contraloría no lo acogió, a pesar que nosotros, como ya dije, para efectos de remuneración y contratos nos regimos solo por el Código del Trabajo, por lo que creo que Contraloría tuvo un exceso con nosotros».
«La ida de nuestra gente es ojalá retornar a ser funcionarios municipales, porque siempre teníamos al día nuestros pagos y había un trato más cercano con la administración, y así de manera extraoficial ya conversamos de nuestra situación con el alcalde, y ahora esperamos sentarnos a trabajar el jueves con él, pero nuestra intención es llegar a la Cámara de Diputados y al Senado, a sus comisiones de educación, para que alguien le ponga el cascabel al gato, porque sentimos que nuestro estatuto ha sido vulnerado».
En un comunicado publicado en su página de Internet, Slep Puerto Cordillera ratifica que el descuento de salarios de los asistentes de la educación está conforme a la norma, «el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera informa que ha dado curso a las acciones para cumplir el Dictamen N°30.959 de 2018 de la Contraloría General de la República, el que indica que nuestra Institución debe adoptar medidas conducentes a restablecer la carga financiera de recursos -fuera de presupuesto- otorgados a los(as) Asistentes de la Educación por la Municipalidad de Coquimbo, en el año 2018 y previo a la entrada en funcionamiento de este Servicio Local».
Otro argumento esgrimido por Slep es que su resolución está basada en todos los dictámenes de Contraloría, «nuestra Institución Pública fue informada por el Órgano Contralor General que los recursos entregados, en forma de aumento de remuneraciones, no se ajustaron a derecho, dado que su aprobación se realizó en base al factor de antigüedad, debiendo ser aprobado tomando en consideración el factor que dice relación con el desempeño del funcionario(a)».
