Se lamentan de la situación al interior del organismo y que son el único Gobierno Regional en todo el país «que tuvo despidos y en condiciones en que no existe una justificación técnica o de necesidad de servicio real para el despido», agrega Náyade Aguirre, presidenta nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales y tesorera de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo.
Después de asumir el cargo tras una alta votación, tanto en primera como en segunda vuelta, nadie imaginó lo que vendría. Claro, porque a las semanas comenzaron los cuestionamientos y la imagen de la gobernadora Krist Naranjo se comenzaba a derrumbar. Y a días de cerrar el año como la segunda región con la peor ejecución presupuestaria del país, se le suma un dolor de cabeza más: una manifestación -hoy frente el GORE- de los funcionarios por precisamente los despidos y la mala relación que se vive al interior del servicio.
«En el GORE tenemos funcionarios despedidos, en estos momentos tres que están desvinculados, a quienes se les notificó y no se ha logrado revertir esa situación. Es más, todos los funcionarios tienen confianza legítima y han sido evaluados de la mejor forma por sus jefaturas, así que no existe una justificación técnica o de necesidad de servicio real para el despido», cuenta Aguirre.
Además, son el único Gobierno Regional en todo el país «que tuvo despidos y en estas condiciones», agrega.
Detalla que «lo que estamos pidiendo es no llegar a esa instancia judicial, sino que esto se revierta, porque, reitero, las razones que se esgrimen para sus despidos son falsas y no tienen sustento real, así que estamos seguros que en los tribunales ellos van a lograr revertir la situación o que sean indemnizados».
Sin embargo, también se manifestarán porque «existe una decisión de la jefa de servicio que, en uno de los casos, por ejemplo, le señala al CORE que va a revertir el despido siempre y cuando le entreguen tres funcionarios y le aprueben el traspaso de competencias, que es un proceso muy distinto al que tiene que ver con los funcionarios y que el CORE rechazó en votación. En definitiva, ella ha tomado a este funcionario como una moneda de cambio para hacer presiones al CORE en una situación que no corresponde, ya que nosotros no somos rehenes del jefe de servicio para que haga presiones, sobre todo ante el organismo fiscalizador que es el Consejo Regional».
Cuando se hacen demandas por despidos injustificados, explica Náyade, «en los tribunales se gana y se indemniza a los funcionarios por esta vulneración de derecho de la cual han sido objetos. Encima se paga con dinero de todos y todas, porque la jefa de servicio, en este caso, tomó una determinación contraría a la normativa. Entonces despedir injustificadamente es un daño al patrimonio del servicio y del país que no tendría por qué realizarse».
A lo largo del tiempo se han hecho manifestaciones y declaraciones, «pero en general no son manifestaciones masivas por el clima de temor que existe, por lo que somos los dirigentes, en solidaridad con otros dirigentes de la ANEF, quienes concurrimos a visibilizar estas situaciones, porque el clima laboral en nuestro servicio está cada día más complicado. Pero esta situación la haremos visible, pues son los únicos despidos en la región de funcionarios que, insisto, están bien calificados, tienen confianza legítima y más de dos renovaciones…».
