Decisión de la directora del SEA en Coquimbo, Claudia Martínez, deja además sin efecto una serie de solicitudes de invalidación presentadas por asociaciones de pueblos changos. Actualmente, la iniciativa minera-portuaria se encuentra en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y se espera que estos días el Comité de Ministros responda por su rechazo de enero de este año.
La directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Coquimbo, Claudia Martínez, declaró inadmisible una serie recursos administrativos presentados contra el proyecto minero-portuario Dominga, entre ellos un escrito de la fundación conservacionista Greenpeace.
La organización, representada legalmente por Matías Asún, abrió una campaña por la plataforma electrónica https://noadominga.cl/, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo calificara favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa de hierro en agosto del 2021, de las cuales se presentaron -en un periodo de varios meses- 104.588 solicitudes de invalidación a la decisión adoptada por las autoridades regionales.
En ese proceso de inscripción, se completaba un formulario con el nombre, apellidos, email y teléfono de los interesados, que generaba -de forma inmediata- una solicitud de invalidación, la que estaba programada para ser remitida directamente a la oficina de partes del servicio (SEA).
«Ello en razón a que esta acción implicaría destinar recursos de la administración excesivamente onerosos con el solo objeto de dejar constancia en el expediente electrónico de invalidación de cada una de las 104.588 solicitudes de invalidación idénticas interpuestas mediante una plataforma creada ad-hoc con el único propósito de efectuar masivamente este tipo de presentaciones», indicó un escrito firmado por Martínez el 31 de agosto del año en curso.
Agregó que estas solicitudes «tampoco cumplían con los requisitos establecidos por la Ley N°19.880 para dar inicio a un procedimiento administrativo a solicitud de parte».
Además, se exhibieron requerimientos similares de la Agrupación Cultural y Social del Pueblo Los Changos; la Comunidad Indígena Pueblo Chango del Archipiélago de Humboldt; la Comunidad Changos-Álvarez Hidalgo y Descendencia de Caleta Chañaral de Aceituno, todas representadas por la abogada Gabriela Burdiles, las cuales también fueron desestimadas por la autoridad ambiental.
En enero de este año, el Comité de Ministros, presidido por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, resolvió acoger doce recursos de reclamación, dejando sin efecto el permiso ambiental (Resolución de Calificación Ambiental, RCA) que tenía el proyecto Dominga.
La iniciativa, cuyo titular es la empresa Andes Iron, contempla una inversión de US$ 2.500 millones, y se localiza -con obras, partes y actividades- en la comuna de La Higuera. Su objetivo es la producción y comercialización de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro como producto principal, y de 150 mil toneladas (al año) de concentrado de cobre, éste último como subproducto.
En otra vereda, se espera que, durante estos días, el Comité de Ministros envíe los argumentos y antecedentes que fundamentaron su rechazo al proyecto en enero de este año, luego que la presidenta del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), Sandra Álvarez, enviara un oficio en marco del proceso judicial que se abrió tras de la reclamación de Andes Iron.
Andes Iron pidió que se deje sin efecto la resolución adoptada por la instancia ministerial, al considerar que Dominga es plenamente compatible con el ordenamiento territorial y con la protección del ecosistema del territorio donde pretende localizarse.
Argumentó que se han tenido a la vista consideraciones de índole «políticas» y no «técnicas», y aseguró que Dominga «ha superado el test técnico ambiental una y otra vez».
«Dominga ha sido un proyecto que, como pocos, ha superado repetidamente las exigencias más elevadas en materia ambiental, tanto en sede administrativa como judicial; posicionándolo como uno de los proyectos con escrutinio más intenso en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)», mencionó en la reclamación.
