Este martes, en la Comisión de Régimen Interno del CORE se decidió, a solicitud del consejero Javier Vega (PC), que en la sesión del próximo martes 13 se le pida la opinión a la gobernadora Krist Naranjo y, dependiendo de lo que resuelva el pleno, sumarse a la querella del Consejo de Defensa del Estado por presunto fraude al Fisco contra tres ex altos directivos del GORE Coquimbo.
El objetivo de Vega es que «puedan involucrarse los abogados del GORE, y si se comprueba concretamente el fraude por 9.800 millones de pesos, poder congelar las cuentas, porque lo que menos queremos es que los recursos no aparezcan, como ha pasado en el país por tanto tiempo».
Por no ser sesión no hubo aprobación. Tampoco se rechazó la petición, ni mucho menos alguien afirmó no querer ser parte de este punto vario.
«Creemos que es súper relevante considerar el informe emanado de la comisión fiscalizadora de la Cámara de Diputados, que entregó una línea de investigación clara y concreta, dejando de manifiesto el posible fraude al fisco que tiene una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado y donde hoy se hace súper relevante poder tener una opinión de parte del Consejo Regional», puntualizó Vega.
Votación en pleno
La idea de Vega es no quedarse afuera, porque a su juicio «han opinado los diputados, los senadores y la gente, entonces creo que el Consejo Regional debe tener una postura con la nueva gobernadora respecto a lo que pasará con los recursos, entendiendo que son más de nueve mil millones de pesos que sirven para obras asociadas a vivienda, a alcantarillados, a suplementar proyectos. Queremos saber si esos recursos finalmente van a volver y aprovechar la unidad de control que tiene la gobernadora para buscar alternativas y ser parte de la querella criminal, pues lo que no queremos es que finalmente esto pase por secretaria, que tengan clases de ética los involucrados y que no aparezcan los recursos».
En concreto, la acción apunta contra la ex intendenta Lucía Pinto, el ex jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza; y el jefe de la División de Planificación y luego administrador regional, José Cáceres.
Para Lombardo Toledo, militante de la Democracia Cristiana, bienvenido sea «todo lo que está al alcance de la ley para poder terminar con este episodio tan triste del Consejo Regional 2018-2022».
Cree que la misión de este consejo se ha cumplido en su mayoría, «pero lamentablemente -en este capítulo- estamos inconclusos y queremos cerrar de alguna manera esto por el bien de la gente, por la transparencia y por la fuerza que hemos tenido para motivar al Gobierno a que cumpla su trabajo de proyectos y obras. Y en ese espíritu es atendible la inquietud que han manifestado algunos consejeros para poder terminar de la mejor manera ante la opinión pública y ante nuestros pares».
Explica que la próxima vez «se le solicitará su opinión a la gobernadora y, en lo personal, estaría dispuesto a lo que dice la mayoría por el bienestar de la gente, por lo que ha perdido la gente…».
Jaime Herrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y RN, explicó que es el CORE el que debe definir en el pleno de la próxima semana.
Ahí se le pedirá la opinión a la gobernadora «y se votará de acuerdo a lo que diga y lo que manifiesten los consejeros».
En lo personal, aclaró que «si existen antecedentes suficientes como para que nosotros podamos hacernos parte de la querella, por supuesto que sí lo haremos para que las cosas se aclaren».
