La abogada querellante informó la existencia de dos nuevas denuncias, esta vez ante contraloría, para determinar las responsabilidades tras la filtración de información sensible sobre su representada
Una semana después de que se sumara una querella a la denuncia por presunto abuso sexual contra el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, y que su abogado defensor diera cuenta de las primeras indagaciones de la PDI que estarían a favor del edil, la parte querellante ha integrado nuevas acciones legales paralelas.
Se trata de dos denuncias ante contraloría, que, de manera simultánea a la querella que busca la responsabilidad penal y personal de la autoridad, se dirigen a las responsabilidades administrativas, tanto del alcalde como de 4 funcionarios del municipio en la supuesta filtración de información personal de la denunciante.
«La denuncia es por incumplimiento grave de lo que mandata la ley orgánica constitucional de municipalidades, la ley de protección de vida privada y la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración», explica Bianca Pfeng, abogada de la denunciante.
Según explica, en el momento en que el problema legal se divulgó en los medios, se habrían expuesto datos sobre «lo que son licencias médicas, estados físicos y psíquicos, que eran de conocimiento de la oficina de personas de la unidad de finanzas de la municipalidad».
En ese sentido, con esta nueva acción ante contraloría, «estamos solicitando que se incluya un sumario, de manera que se investigue cómo, dónde, cuándo, desde y a quién se entregó la información, para que se establezcan las responsabilidades».
Siguiendo esa línea, Pfeng adiciona que «creemos que hay irregularidad, una falta de la probidad administrativa, que podrían haber ejecutado actividades para fines ajenos de la municipalidad, así como el acceso a información reservada que se puede haber utilizado para beneficio propio».
Muy pronto para hablar de resultados
En cuanto al proceso investigativo de la denuncia emitida a fines del 2024, el abogado defensor del alcalde dio cuenta durante esta semana de lo estipulado en el primer informe emitido por la PDI, el que no considera factible confirmar el ilícito. La razón de esto alude a los presuntos testigos, quienes habrían desestimado la existencia del presunto delito, el cual se enmarca en una actividad de carácter público con gran concurrencia.
Al respecto, el lado querellante aclaró que lo dispuesto en dicho informe «no son resultados, sino que son diligencias que realiza la policía por orden del fiscal», a las cuales se deben sumar más procesos investigativos.
«Al no estar formalizada, se seguirán desarrollando todas las diligencias que objetivamente el Ministerio Público considere necesarias, tanto las que propone la defensa como el querellante», a lo que la abogada Pfeng agrega que se seguirán solicitando más diligencias. «Están pendientes dos pericias y nosotros vamos a esperar tranquilamente que se realicen».
En cuanto a los testimonios referidos, Pfeng expresa que, si bien el contexto es efectivamente el que menciona la contraparte, «mi representada ha sido muy clara respecto a lo que ocurre y cómo ocurre, y que el hecho no es observado por otras personas».
Por ende, es que agrupa este caso a la mayoría de índole sexual, donde asegura que el 99% de las veces no hay testigos presenciales. «Si las personas que estaban presentes ese día no observaron el hecho, eso no le resta credibilidad a la declaración de mi representada».
En tanto, el caso seguirá abierto a la espera de que el fiscal tome la decisión de judicializar o no la causa. De momento, la abogada querellante asegura que «confiamos en que la fiscalía tome la decisión de manera objetiva, pues desde un inicio ha hecho un muy buen trabajo».