Eran siete dirigentes sindicales, todos muy conocidos en la zona, premunidos de tres pancartas y una bandera (sin palos ni tubos), quienes pretendían entregar una carta dirigida al intendente Claudio Ibáñez, expresando solidaridad con sus compañeros de la Región de Atacama.
Pero, un carabinero que se hallaba de punto fijo en el lugar les impidió el paso por largos minutos, dando lugar a una escena de tensión muy poco habitual en La Serena.
El hecho ocurrió ayer a las 11:30 de la mañana y provocó molestia y hasta ofuscación en los dirigentes, que eran comandados por la presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Clara Olivares. Fue ella misma quien se comunicó vía teléfono celular con personeros al interior del edificio, lo que permitió la intervención de una asesora del Intendente, quien les autorizó el ingreso.
Pero no fue todo. En pocos minutos se apostaron afuera de la Intendencia un radiopatrullas, una camioneta y motoristas de la policía uniformada, y luego un vehículo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).
“Como Mesa del Sector Público, vinimos a entregar una carta en apoyo a los trabajadores de Atacama. Eso era hasta que el carabinero de la puerta nos impidió el paso y llamó todo un despliegue policial para unos dirigentes que en forma pacífica vinimos a entregar una carta. Llegó hasta el GOPE, motos… ¿Cuál es el temor en este país a los trabajadores? No entiendo cuál es el afán de reprimir. De hecho, nos hicieron hasta control de identidad”, declaró Olivares, con evidente desazón, al salir del edificio.
Posibles
movilizaciones
de apoyo
Más allá de la inusual bienvenida, los dirigentes lograron entregar la carta y plantear su solidaridad con los funcionarios públicos de la región vecina, quienes se encuentran movilizados desde el 30 de febrero.
“Lo que ellos están reclamando es el cumplimiento de un acuerdo que se gestó con el gobierno en 2014, eso incluye mejoras en salud, vivienda” y una bonificación especial en compensación por el alto costo de la vida en esa zona. El cálculo de ese “bono Atacama” debía obtenerse a partir de un estudio sobre el costo de la vida, que según el mismo acuerdo debía realizarse con participación de los funcionarios públicos. Sin embargo, ninguno de estos compromisos ha sido cumplido por el gobierno, el cual ha desconocido la validez de los mismos.
“Eso ha ido en escalada, hay falta de voluntad, el gobierno se retira de la mesa, posterga las reuniones… es más de un mes de movilizaciones, ya está bueno”, dijo Olivares, agregando que los gremios de trabajadores públicos de todo el país se han puesto al servicio de la causa de los atacameños.
