El hecho, que protagonizó un profesional en el recinto penal de Ovalle, sigue dando que hablar, y la presidenta del Colegio a nivel local, Patricia Rojas, rechazó absolutamente el actuar doloso y delictual de cualquier colega que se involucre en este tipo de prácticas, aunque esperan el resultado de la investigación, que determinará si el letrado es culpable o inocente. Hasta ahora, la primera opción corre con ventaja.
El hecho causó sorpresa en el «ambiente jurídico regional». Tras conocerse que un abogado había sido sorprendido ingresando droga al interior de la cárcel, muchos profesionales de la justicia se desmarcaron, diciendo que se trataba de algo aislado. De hecho, lo es, o al menos no hemos conocido de otro caso similar en el último tiempo, pero sin duda, si algún letrado tiene o tenía intenciones de emular lo que realizó el defensor, ahora imputado por tráfico, lo pensará dos veces, ya que los funcionarios de Gendarmería tienen la instrucción precisa de estar pendientes en las reuniones que sostienen con sus representados, lo que portan y lo que no.
Anecdótico y delictual
El hecho ocurrió el viernes 5 de octubre, cuando era día de visitas en la cárcel de Ovalle. Todo iba normal, y tanto las familias como los representantes legales de los internos arribaban al penal, por supuesto, todos siendo revisados en sus pertenencias y lo que le llevaban a los reclusos, quienes también son sometidos a una exhaustiva búsqueda de algún elemento prohibido antes de tomar contacto con quienes llegan a verlos, y luego cuando se retiran.
Pero existe una excepción. Se trata de los abogados, a quienes por ley se permite sólo el registro de las especies que portan, pero no su revisión corporal. Fue gracias a este subterfugio legal que, de acuerdo a lo que se investiga, el, a estas alturas, famoso letrado de iniciales M.A.R.P., ingresó la droga al recinto.
Se dieron cuenta
Una vez que el profesional salió de la cárcel, un funcionario de Gendarmería se percató de que su representado, apodado «el Tutu», tenía algo extraño entre sus ropas, y al revisarlo se encontraron con la sorpresa. Cargaba un envoltorio que contenía más de 93 bolsas, dosificadas de diferentes características, además de una cantidad de importante comprimidos y de fibra vegetal de color verde, todos elementos prohibidos para la administración carcelaria y que son constitutivos de delito.
Sorprendido
No había muchas alternativas. Si el reo fue registrado antes de la visita y no tenía nada, y luego, al salir, llevaba prácticamente un arsenal de drogas, sólo cabía la posibilidad de que fuese su propio abogado quien se la entregara. Desde Gendarmería dieron aviso al Ministerio Público, que instruyó a la concurrencia de la PDI, ubicando al abogado y tomándole declaración, aunque al parecer ejerció su derecho a guardar silencio.
Investigación
De todas formas, se inició una investigación por parte de la Fiscalía, quien ordenó realizar diligencias, quedando el defensor en calidad de imputado.
Según los antecedentes que se han podido recabar, el sujeto era conocido en la cárcel y acostumbraba realizar visitas, por lo que no se descarta que no haya sido la primera vez que ingresara estupefacientes.
Había terminado su práctica profesional no hace mucho en la Defensoría Penal Pública de Ovalle, y apenas terminó decidió independizarse, y ahora arriesga ser condenado por microtráfico de drogas con la agravante de realizarlo en un recinto carcelario.
Colegio de Abogados
Desde el Colegio de Abogados de la Región de Coquimbo, condenaron esta situación. Así lo consigna la presidenta, Patricia Rojas. «Respecto a lo ocurrido en la cárcel de Ovalle, el Colegio de Abogados rechaza absolutamente el actuar doloso y delictual de cualquier colega que se involucre en este tipo de prácticas, que sólo contribuyen a que se impongan mayores restricciones por parte de Gendarmería y se afecte la posibilidad de visitar, asistir y orientar a los imputados privados de libertad y su derecho a la defensa», manifestó la colegiada.
Respecto a eventuales sanciones, en el caso de que el abogado imputado sea culpable, señaló que, «las sanciones que se pueden imponer a un abogado colegiado, están desde la suspensión de sus derechos o la expulsión del gremio, sanciones más gravosas no son posibles por el momento», culminó.