LA REGIÓN tuvo acceso a las conclusiones de la Comisión Investigadora del Papaya Gate en la Cámara de Diputados, que comenzó en abril de este año y terminó hace dos semanas, en donde se desprende que los parlamentarios acordaron solicitar la devolución de los dineros involucrados, 9.800 millones de pesos, y pedir al Ministerio Público que apure la formalización, considerando que se cumplirá un año desde que estalló el caso y que se pueda ampliar a otros delitos, como uso de información privilegiada, que quedó al descubierto en la instancia.
El pasado 9 de agosto, se realizó la última sesión de la comisión investigadora del mediático caso del Papaya Gate, que surgiera luego que el Ministerio Público, por indicación de la Contraloría, iniciara diligencias para esclarecer el presunto delito de fraude al fisco, luego que la ex intendenta, Lucía Pinto (militante UDI), y ex funcionarios del gobierno regional, adquirieran un terreno de 61 mil metros cuadrados por $ 9.800 millones a una empresa inmobiliaria, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones y los intentos previos de compra habían sido rechazados por el ente contralor.
Posterior a la comisión se originaron las conclusiones, que serán votadas este martes desde las 17:30 horas, en donde se desprende que el mandato de la comisión fue determinar los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el control y seguimiento de todo el proceso de adquisición de los terrenos de parte de la Intendencia de Coquimbo, institución que depende directamente del nivel central.
Además, investigar todo el procedimiento de compra encabezado por la ahora ex intendenta Lucía Pinto, y determinar qué rol y nivel de participación tuvieron en el proceso de adquisición de los terrenos los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, entre otras reparticiones públicas.
Dardos apuntan a ex
intendencia Lucía Pinto
Del informe se desprende que a la luz de la serie de antecedentes y testimonios recabados durante el funcionamiento de la comisión investigadora, «hemos llegado a la convicción que la ex intendenta Lucía Pinto es la principal responsable política del mayor caso de corrupción descubierto en la Región de Coquimbo».
Explican que «por decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, la ex autoridad permitió que se defraudara al Fisco por casi 10 mil millones de pesos en la compra de los terrenos de San Ramón, La Serena, a un grupo de inmobiliarias. Ella debió velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y en el cumplimiento estricto de la legalidad del procedimiento usado para adquirir los mencionados predios, donde se construiría las nuevas instalaciones del Centro Deportivo».
«Asimismo, como máxima funcionaria pública de la región, apreciamos el total abandono del principio de probidad administrativa y, en particular, lamentamos el ánimo de burlar las normas generales y especiales que regulan este tipo de materias relativas a la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional», añade el documento.
El presunto doloso
actuar de José Cáceres
Durante la labor de la comisión investigadora se develó que existía un vínculo comercial entre el administrador José Cáceres y Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias que vendieron los terrenos, «según afirmó el Contralor Bermúdez, Cáceres se debió inhabilitar en todo el proceso de adquisición de los terrenos de San Ramón».
«Existe una cláusula de cierre -es importante tenerlo en cuenta-: cualquier otra circunstancia que le reste autonomía o imparcialidad debe llevar a que esa persona se abstenga. Es decir, sí o sí debe abstenerse cuando está en esos niveles de tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero si hay alguna circunstancia de amistad, de enemistad o algún tipo de circunstancia que le permita decir a uno: «no tenía la suficiente objetividad», esa persona debe abstenerse», afirma Bermúdez.
A través de la querella del CDE, además, se conoció que Cáceres y su conyugue eran parte de la propiedad de las inmobiliarias propietarias, «el querellado Cáceres Rojas mantuvo vínculos con las sociedades que integran el conglomerado empresarial que vendió los terrenos cuestionados. En tal sentido, es socio, junto a su cónyuge Fanny del Carmen Pastenes Oliva, de la Sociedad Inversiones San Vicente Ltda., sociedad que a su turno forma parte de INSN Spa, junto con Rentas Alto Peñuelas S.A. Conforme a antecedentes de la investigación, esta ultima sociedad anónima estaría integrada por varias sociedades que tienen participación en las inmobiliarias que vendieron los terrenos», se detalla en parte de la querella del CDE.
Comisión respalda querella
La Comisión Investigadora cree que el pormenorizado trabajo de las sesiones posibilitó la obtención de antecedentes claves que permitió al Consejo de Defensa del Estado formarse la convicción de estar en presencia de delitos y de querellarse en contra de los responsables por fraude al Fisco.
La querella, contemplada en el artículo 239 del Código Penal, recae sobre Lucía Pinto, ex intendenta de de Coquimbo; José Cáceres, jefe de la División de Planificación, quien posteriormente pasó a ser administrador regional del GORE; Eduardo Espinoza, como jefe del Departamento Jurídico del GORE; y de Pablo Bracchitta, gerente general de la inmobiliaria CPS.
La acción penal se deduce, principalmente, de las diferencias de precio entre las cotizaciones iniciales versus lo que se pagó por el terreno, y por eliminar la cláusula novena del segundo contrato para eludir la aprobación del documento por parte
de la Contraloría General de la República.
«Entendemos que la eliminación de esta cláusula, que es clave para sostener un juicio de reproche, porque fue la eliminación de la cláusula lo que permitió evadir el control de la Contraloría General de la República, forma parte del conocimiento de la voluntad dolosa de los tres querellados. Todos son igualmente responsables, y por eso es una imputación que los cubre a los tres la eliminación de la cláusula contractual que permitió y generó el efecto que todos conocemos», había señalado el presidente (s) del CDE, Daniel Martorell.
Al igual como lo afirma la máxima autoridad del CDE, creemos que «los particulares también son partícipes del delito de fraude, aunque el delito de fraude tenga un sujeto activo, que es un funcionario público, pero se permite, producto de esta teoría de la comunicabilidad, arrastrar al particular con una imputación también de un delito como es el fraude fiscal».
«Esperamos que el Ministerio Público actúe con máxima agilidad y diligencia en la investigación de estos graves hechos detectados. Desde que el caso se hizo conocido públicamente, a través de una denuncia periodística, ya ha pasado casi un año. A la luz de los antecedentes de esta comisión, no solo se habría consumado el delito de fraude al Fisco. Creemos que también podría establecerse los delitos de negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada», cierra el informe.
