Fiscalía y abogado del municipio de La Serena quedaron conformes tras las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de Garantía, «por cuanto existía una participación mayor». Otros 13 resultaron con arresto domiciliario total y cinco aún continúan con orden de arresto.
Tal como se esperaba, este martes y en el cuarto día de formalización, el Juzgado de Garantía de La Serena acogió la petición del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva para cuatro personas, quienes serían los cabecillas del presunto fraude al fisco en la Corporación GGV de La Serena.
Se formalizó, además, por asociación ilícita y lavado de activos. El Juez Claudio Ayala autorizó otras diligencias de investigación a la Fiscalía, mientras que los otros 13 imputados, de 22 en total –cinco están con una orden de arresto-, quedaron con arresto domiciliario y arraigo nacional.
El plazo de investigación para el término de las diligencias quedó fijado en 100 días.
Múltiples sociedades
La medida cautelar se decretó para la exencargada de los programas de salud del Departamento de Salud de la corporación, de iniciales N.C.M., que administraba programas financiados con fondos públicos e intervenía en la autorización de boletas para pago.
También para su esposo, C.M.F., quien además de reclutar sujetos, recibía en sus cuentas los fondos fiscales defraudados y los incorporaba al sistema económico formal, a través de múltiples sociedades y utilizando cuentas bancarias para ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros.
Una segunda mujer involucrada, la secretaria B.G.G., habría reclutado a diversas personas ajenas a la corporación para que les facilitaran las claves de acceso al Servicio de Impuestos Internos y de esta manera emitir boletas fraudulentas y recibir en sus cuentas bancarias los montos defraudados. El cuarto detenido, M.S.B, congregaba la mayor recepción de fondos de otros imputados que luego transfería a B.G.G. y C.M.F.
Máquinas defraudadoras
Estos sujetos, según la investigación, reclutaron a 19 personas para emitir boletas de honorarios por servicios que no fueron realizados entre los años 2020-2021 y cometer fraudes en un monto superior a 750 millones de pesos.
Desde el municipio, el abogado Rodrigo Álvarez se mostró conforme tras el resultado, «pues entendemos que existía una participación mayor por parte de los cuatro imputados que hoy (ayer) quedaron en prisión preventiva. En ese sentido, es lo mismo que nosotros solicitamos, al igual que la Fiscalía, así que estamos satisfechos con las medidas cautelares».
Respecto a los plazos de investigación y en atención a la magnitud de esta causa, «consideramos que 100 días es un plazo razonable porque finalmente quedan diligencias que son importantes por realizar».
En relación al acto, manifestó que «lamentablemente el tema de las corporaciones ha sido un problema a nivel nacional. Al tener esta figura un poco híbrida de organismos de derecho privado, ha servido para que a nivel país sean máquinas defraudadoras. Por lo tanto, lo que se está discutiendo es un buen antecedente respecto también a lo que se puede seguir haciendo a futuro, como se ha dicho anteriormente, de estas dos querellas presentadas por esta nueva administración, que finalmente van en la misma línea persiguiendo el fraude al fisco».
Respecto a si es tarea del municipio la fiscalización, aclara que, según los estatutos, «recae en el alcalde, también en el secretario de la corporación, que tiene un deber de supervigilancia de la administración y la contabilidad de esta, y por otro lado el tesorero, que tiene la responsabilidad de carácter financiero. Por lo tanto, en el fondo son los tres grandes responsables de que esto funcione de buena manera».
