Organizaciones y representantes de la sociedad civil de La Higuera, en la región de Coquimbo, presentaron dos recursos de casación ante la Corte Suprema, con el fin de que anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) en el proyecto Dominga.
Recordemos que este último declaró que el rechazo unánime entregado al proyecto por el Comité de Ministros fue ilegal y le ordenó a esta instancia una nueva votación.
Según indicaron, las acciones presentadas son dos recursos. El primero, una casación de forma y fondo a nombre de la ONG Oceana; mientras que, el segundo, una casación en el fondo presentada por la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, junto a personas naturales.
En las acciones judiciales se expone, según aseguraron, que el Tribunal Ambiental, a través de su sentencia, hizo un esfuerzo evidente por darle todo el respaldo al proyecto Dominga, ampliando sus atribuciones más allá de lo razonable y lo posible.
Es por esto que solicitan que la Corte Suprema anule la sentencia, pero que además declare que la resolución del Comité de Ministros que rechaza el proyecto fue dictada conforme a derecho.
Al respecto, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, sostuvo que “recurrimos a la Corte Suprema, porque estimamos que la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta contiene claras ilegalidades al olvidar su rol, que es el de revisar las decisiones de la administración y no la de forzar la aprobación de proyectos”.
“EL PROYECTO NO ES VIABLE”
En tanto, Marcos Emilfork, coordinador jurídico de ONG FIMA, aclaró que el “recurso de casación en el fondo apunta a hacer ver a la Corte Suprema que, contrario a lo que indica el Tribunal Ambiental, el expediente del proyecto demuestra que este no es viable”.
Las organizaciones esperan que a sus acciones judiciales se sumen el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, de la APR de Los Choros y de la Asociación de Pequeños Agricultores de Los Choros.
“Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, cerró la abogada Alejandra Donoso, directora de la Defensoría Ambiental que representa a distintas comunidades locales.