«La Ley de Presupuesto va al Parlamento pronto, el primero de octubre, y debe estar resuelta antes del primero de diciembre. Y acá serán los parlamentarios del país y de la región, quienes tendrán que decidir si se va a suplementar el presupuesto de salud para sostener la funcionalidad de los hospitales…», dijo Mauricio Ugarte, de la Fenats.
Con el fin de la alerta sanitaria este 31 de agosto, 315 son las personas que deberían dejar sus puestos de trabajo en los diversos centros del Servicio de Salud de Coquimbo, especialmente de los hospitales de La Serena y de Ovalle, ya que fueron contratadas a honorarios en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Una noticia desalentadora para el gremio de funcionarios de la salud, quienes dicen estar en una situación de preocupación y de alerta a nivel sindical.
«Se nos ha informado del término de los contratos Covid, puesto que al 31 de diciembre no continuarían en los servicios de salud del país. Estamos hablando que son cerca de 7 mil en todo el país quienes serán desvinculados, y hoy sin tener claridad respecto a si otro grupo de estos trabajadores, que han desempeñado funciones durante toda la pandemia, pueda o no continuar con su trabajo en las áreas que eventualmente se ha establecido de continuidad», explica Mauricio Ugarte, presidente regional de la Fenats.
Reconoce que hay funcionarios con contratos Covid que están en urgencia, en el servicio de laboratorio, en atención domiciliaria y camas críticas, que son los cuatro ejes que el ministerio ha establecido para que puedan continuar sus funciones hasta 2024.
Sin embargo, señala Ugarte que «esto aún no está definido, porque requiere la aprobación presupuestaria, así que existe una incertidumbre evidente. En la región tenemos 759 contratos Covid, de los cuales debieran quedar para el próximo año, en estas funciones que le he mencionado, 444 personas. Por lo tanto, serían poco más de 300 los trabajadores, hoy con contratos Covid, quienes quedarían desvinculados al 31 de diciembre».
Sistema mermado
Cuenta Ugarte que tuvieron una reunión -el miércoles- con el director del Servicio de Salud, quien les habría informado que el proceso de desescalada partiría a contar del primero de octubre, y serían de menos a más las notificaciones de término de los contratos de estos trabajadores.
«Estamos en un conflicto laboral de proporciones, pues afecta directamente la capacidad de los establecimientos hospitalarios, que han crecido, que han ido desarrollando una labor con la incorporación de nuevos servicios y nuevas tecnologías. Tenemos una brecha histórica de recursos humanos y evidentemente la permanencia de los trabajadores que son incorporados por la pandemia, ha venido a cerrar cierta brecha, por lo que la capacidad de respuesta de nuestro sistema se verá seriamente mermada frente a la posibilidad de que estos trabajadores sean desvinculados».
Paulatina y
progresiva
De acuerdo a lo señalado por autoridades de la red, se busca mantener a la mayoría de ellos para acortar las brechas de funcionarios existentes desde antes de la crisis por el coronavirus.
Pablo Guerra, subdirector de Gestión y Desarrollo de las personas del Servicio de Salud Coquimbo, precisó que, en cuanto a la preocupación por los trabajadores contratados a honorarios bajo esta modalidad de Alerta Sanitaria, «quisiera señalar que para nuestra Red de Salud Pública regional no significa que la totalidad de contrataciones de personal de refuerzo Covid termina en esa fecha de forma abrupta, ya que estamos trabajando para realizar este proceso de forma paulatina y progresiva.
Afirmó que «como Servicio de Salud Coquimbo, en conjunto con las direcciones de cada uno de los hospitales de la red, estamos realizando un plan de desescalada gradual al 31 de diciembre de 2023, considerando el impacto asistencial, brechas estructurales de recursos humanos, estrategias sanitarias y otros factores que incidieron en la contratación de este personal».
