Idea se adoptará una vez conocido el informe que evacúe la Contraloría General de la República por supuestas faltas a la probidad administrativa y conflicto de interés del jefe comunal, Gerald Cerda. Las acusaciones fueron interpuestas por ex jefa del área Jurídica, a quién el edil solicitó su renuncia, pero ayer, en sesión especial del Concejo Municipal, se conocieron nuevas eventuales denuncias de los trabajadores. Alcalde evitó referirse al tema.
Dicen que con cuchillo se corta el aire en Andacollo. Ello, al menos al interior de la municipalidad por el conflicto entre el alcalde Gerald Cerda y los trabajadores por malos tratos y denostaciones, lo que incluso podría sumar un nuevo capítulo luego que los concejales decidieran evaluar acudir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por las presuntas anomalías del jefe comunal por faltas administrativas y conflicto de interés.
El problema estalló el año pasado, cuando la ex directora Jurídica, Sandra Rivera, a quién el alcalde Cerda solicitó la renuncia el 21 de diciembre, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República por la intención de Cerda de «eliminar» a funcionarios supuestamente mal evaluados por la comunidad, además de otros que no contaban con los requisitos académicos para los cargos que ostentaban.
En el documento se hace referencias también a una serie de directivos y personal perjudicados, y las atribuciones que transfirió el edil a Yasna Pizarro (tía del alcalde) para certificar nuevas contrataciones y así favorecer a familiares directos y convenir laboralmente con personas que participaron durante su campaña electoral.
Ello motivó primero a una sesión «extraordinaria» del Concejo Municipal de Andacollo, que tal como adelantó Diario La Región, se concretó ayer a las 10:30 horas, y se extendió por casi tres horas.
El concejal Javier Cifuentes (PC) sostuvo que se pidió esta reunión especial, ya que «él (Cerda) no quiso hacer una reunión ordinaria». La cita tuvo como tema central «tocar el punto de la denuncia que puso ante Contraloría la abogada Rivera», explica y añade que «tomaron razón de los antecedentes, las dudas y también se transparentó la situación del municipio, ya que esto fue transmitido a la comunidad».
«Hicimos un reconocimiento a la labor de los trabajadores municipales que se habían visto dañados y denostados de forma grave. Los trabajadores municipales siempre han tenido la camiseta puesta en favor de la comunidad en sus respectivas labores, y han sido evaluados bien anteriormente», puntualiza.
René Olivarez, concejal de Andacollo (IND-UDI), cree que «lamentablemente» el alcalde no pudo explicar las denuncias que se han presentado. «El alcalde nuevamente pierde una oportunidad de reestablecer las confianzas con el Concejo y con ello proponer alguna medida que se haga cargo de la realidad», menciona.
Según Olivarez en la sesión especial también se notificó la contratación de otra asesoría jurídica, «bastante irregular», y se les pidió a los miembros aprobarla.
«Siento que él (alcalde Cerda) tampoco asume, por último, en pedir disculpas a las personas involucradas en los hechos, y más que nada el trató de defenderse con lo que pudo, pero no dejó en claro nada… Sentimos que no es la forma y debería haber pedido disculpas para seguir avanzando», comenta la concejala Constanza Rojas (PS).
Un capitulo adicional podría gestarse luego que la Contraloría emita un pronunciamiento definitivo al requerimiento que realizó la ex asesora. Ello, pues durante la sesión extraordinaria los trabajadores municipales leyeron una sentida carta con los presuntos malos tratos de Cerda.
El concejal César Rojas (IND-DC) agrega que los empleados exhibieron audios y pantallazos de WhatsApp de conversaciones del alcalde con sus equipos, donde se «dejaron ver opiniones y juicios de valor contra los funcionarios». «El personal municipal siente que se ha perdido la confianza, porque ya no ven al alcalde posicionado como cuando llegó. Y en eso los funcionarios están bastante molestos», dice.
Serían otras dos denuncias que se habrían expuesto en la reunión y que los concejales aludidos acordaron enviar al ente fiscalizador. «Hay elementos suficientes para configurar una acusación en el Tricel. Siempre vamos a estar pendientes del pronunciamiento de la Contraloría, que ahora va a tomar conocimiento de dos denuncias nuevas elaboradas por los trabajadores», relata Olivarez.
La concejala Rojas plantea que aún existen conversaciones respecto de acudir al Tricel, pero que de existir una sentencia de parte de Contraloría y el alcalde no la cumple, «obviamente vamos a ir».
«Si el alcalde no reconoce los actos que corresponden al buen actuar en la administración municipal, difícilmente vamos a poder avanzar. Para mí, acá hay notable abandono de deberes en subir de cargo a una pariente, a una tía, administrativamente no se puede. Por eso vamos a ir al Tricel, estamos todos en la misma dirección», sentencia Cifuentes.
