Se les ha tratado de instalar este mote debido a sus quejas y fiscalizaciones constantes. Pero aseguran que «estamos cumpliendo con la labor que nos corresponde lo más apegado a la ley»
En el mes de julio se conformaron como Bancada Dignidad, y desde entonces han incomodado al municipio. Al alcalde y los concejos con sus fiscalizaciones. Y más que molestarles el mote de ser una piedra en el zapato, aseguran que como concejales «estamos haciendo el trabajo».
Este miércoles se abstuvieron en la votación a la modificación del presupuesto para este año, «por la falta de antecedentes respecto a la transferencia de fondos desde el municipio a la corporación», dijo Rayén Pojomovsky.
Antes, la misma Pojomovsky, junto a Daniela Molina, Camilo Araya y Daniel Palominos, ingresaron un requerimiento de fiscalización a la Corporación Gabriel González Videla por la deuda previsional que se mantiene con el gremio docente de La Serena.
«Me han preguntado si somos la piedra en el zapato del municipio y de ninguna manera como Bancada Dignidad nos consideramos la piedra en el zapato», afirma Rayén.
Cinco días hábiles
Para la Bancada Dignidad, a la que también pertenece Luis Aguilera, todo lo hecho hasta ahora es «parte de nuestro trabajo, que es cumplir nuestro rol fiscalizador».
Entienden que «es el mandato popular que se nos entregó, porque cuando la gente votó por nosotros y nosotras, estaba depositando una confianza en el rol que íbamos a cumplir. Nuestras acciones, las que hemos estado llevando, han tenido que ver justamente con eso: con el trabajo de la transparencia y fiscalizar realmente la labor municipal».
Tiempo atrás se formó la Comisión de Hacienda con el objetivo de que cada concejal estuviera informado a la hora de votar, «pero una cosa es votar sobre los informes o lo que nos cuenten, y lo otro es tener los antecedentes a la vista para analizarlos», comentó Daniela Molina.
En esa comisión se acordó, además, que los expedientes desde 2017 en adelante se pondrían a la vista para que se pudieran revisar, «pero eso ocurrió recién este martes, un día antes de la votación, cuando la ley orgánica municipal dice claramente que para estas materias, donde se tiene que votar sobre la modificación presupuestaria, por ejemplo, es obligación que los antecedentes o expedientes estén cinco días hábiles antes del concejo, ¡y eso no se cumple! No se están cumpliendo los plazos, y fue uno de los argumentos que como bancada acordamos para solicitar que se aplazara la votación y hacer cumplir la ley».
De hecho, se les instaló una oficina para ver los expedientes, cinco archivadores que son las rendiciones anuales de la corporación desde 2017, «pero nos encontramos con archivadores llenos de papeles y muy complejos de entender, cuando no tenemos las herramientas técnicas para poder leer lo que significan esos informes y que, por lo demás, a lo menos nos llevaría dos días si estuviéramos todo el tiempo revisando», se queja Pojomovsky.
Mala fe
Si bien destacan la disposición existente en el municipio, «creemos que hoy ya no basta sólo con la disposición, sino que también entregar los antecedentes, los que venimos solicitando desde que ingresamos al concejo hace tres meses. ¿Sabe? No somos una piedra en el zapato para la administración municipal, sino que estamos cumpliendo con la labor que nos corresponde y ese ejercicio creemos que debemos hacerlo lo más apegado a la ley, y en estos temas tan particulares con mayor razón», admite.
Molina comparte lo dicho por su par, argumentando que lo realizado por ellos este miércoles en la votación de presupuesto de 245 millones de pesos (200 para educación, remuneraciones, y 45 para la compra de remedios para la botica del municipio) no está fuera de la norma, «sino que es el trabajo que tenemos que hacer, ya que la labor de un concejal es fiscalizar, y para eso debemos tener claridad de lo que estamos haciendo. Incluso existen otros ítems más chicos, como el de alimento, por ejemplo, que es de 41 millones de pesos y que debiesen estar fundamentados, ¿me entiende? Nuestra labor es despejar esas dudas, fiscalizar y ordenar para poder darle tranquilidad a la gente».
Respecto a otros ítems, Daniel Palomino avisó haber solicitado «que se deberían publicar las compras directas y los gastos menores, pero hasta ahora no ha existido respuesta. Aunque sean gastos menores, no existe una claridad. Ya fue solicitado y ojalá se acoja esa petición para que todos los gastos comiencen a aparecer en transparencia».
A juicio de Rayén, lo que hacen como concejales «es responder a la obligación que tenemos y a las demandas que se han venido levantando. La desconfianza hacia la política está fundamentada por todo lo que ha sucedido, así que nosotros no queremos hacernos parte de las malas prácticas».
Aclara que, «hemos venido trabajando de manera colectiva en el territorio y agarrando distintas demandas como bancada, entonces que se trate de instalar esta idea de que somos la piedra en el zapato sólo porque estamos realizando nuestra labor, creo es de bastante mala fe».