En el concejo del próximo martes deberían tomar conocimiento formal del informe de Contraloría para luego presentarlo al Tribunal Electoral Regional, luego que el edil Claudio Rentería fuera notificado por su presunta responsabilidad administrativa en el déficit del Departamento de Educación Municipal
Fue el 13 de diciembre cuando el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, señaló tajante en un comunicado que «esta acción de ninguna manera detendrá mi labor como alcalde ni mi afán por construir un Ovalle mejor».
Esto, después de ser notificado por la Contraloría de presunta responsabilidad administrativa en el déficit del Departamento de Educación Municipal, de 6 mil millones de pesos.
En Plaza de Armas: «Cuando salió la noticia la gente habló, pero hasta que no se diga algo oficial, nadie hablará mal del alcalde, ya que don Claudio es muy querido acá y la gente se lo hace ver», cuenta un trabajador municipal.
Y claro, si en las elecciones de 2016 fue reelecto con cerca del 70% . «Entonces sabe que su comuna lo quiere», detalla la misma fuente.
Rentería ha mantenido silencio y con tranquilidad, dicen sus cercanos, espera el dictamen, «porque es una oportunidad para demostrar y evidenciar ante toda la comunidad el trabajo incansable y comprometido que hemos desarrollado para mejorar la educación municipal…», sostuvo en aquel comunicado.
La última sesión del concejo municipal fue el 18 de diciembre y quienes estuvieron afirman que había tranquilidad. Quizás porque el tema, advierte el concejal Jonathan Acuna (DC), no se ha tocado mucho. «Debería, probablemente, haberse notificado a la Secretaría Municipal de este informe final, pero estamos a la espera…», sostiene.
Otros evidenciaron una realidad diferente. Mucha tensión, preocupación, a la espera de la sentencia que entregará Contraloría.
«En lo personal –manifiesta- en los últimos dos concejos consulté si es que Secretaria Municipal había recibido alguna correspondencia y manifestaron que no, por lo tanto podría darse que el martes 8, en la primera sesión del año, se lea ese dictamen, que es obligación dárselo a conocer a los concejales. Y una vez que Secretaría Municipal lo lea, se abre la posibilidad para que los concejales apliquen la norma tal como lo está dando a conocer Contraloría, que está apelando al Artículo 60, letra C de la Ley 18.695 de municipalidades, porque existiría una responsabilidad administrativa en la figura del alcalde».
De acuerdo al artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde será removido de su cargo cuando, entre otros motivos, pierda su calidad de ciudadano, contravenga gravemente las normas de probidad administrativa o incurra en notable abandono de deberes.
Y como la situación es grave, «el cuórum que se necesita y que Contraloría pide para poder enviar los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER) es de un tercio, lo que corresponde a tres concejales, como mínimo, quienes con el patrocinio de un abogado, me imagino, firmarían un oficio y se presentará en el Tribunal Electoral.
Mucho se ha hablado de que vamos a votar en el concejo, pero no es tan así, ya que finalmente los concejales lo único que tenemos que hacer es tomar conocimiento de ese dictamen. Acá, si cada uno quisiera dar a conocer su postura o su visión frente a lo que se va a leer, dependerá de cada concejal, pero no existe una obligación inmediata ni vinculante de poder votar y argumentar, dado que la ley no lo señala».
Advierte que «se ha tergiversado mucho la información, especialmente con personas ligadas al municipio, donde se nos ha responsabilizado a nosotros de una eventual situación, siendo que no está en nuestras facultades poder destituirlo. Nosotros vamos a recibir ese dictamen de Contraloría, vamos a analizarlo y veremos si cabe la posibilidad de enviarlo al Tribunal Electoral Regional e interpretar lo que Contraloría dice, pero no depende de nosotros una posible destitución del alcalde. Eso quedará en manos del Tribunal Electoral».
De cualquier manera, una posible destitución es un camino largo. Porque una vez que ese documento llegue al Tribunal Electoral con la firma mínima de tres concejales, comienza un juicio donde probablemente el alcalde tendrá que presentarse con las pruebas correspondientes y eso, podría alargarse un par de meses.
Lo ideal, ratifica, «es que se mantenga constantemente la información y presentación de pruebas para que pueda agilizarse, quizás, mucho más el procedimiento. No obstante, Contraloría está pidiendo la Letra C del Artículo 60, donde consideran un notable abandono del alcalde y podría, conforme a los antecedentes que presenten ambas posturas, ser destituido, aunque también podría darse que tuviera una sanción mucho menor. Todo dependerá del Tribunal Electoral Regional».
El concejal Carlos Ramos (Independiente) también es claro en afirmar que «no se trata que nosotros tengamos la facultad de destituir a nadie, sino solo tomar conocimiento de lo que dice Contraloría y nuestro deber es presentarlo al Tribunal Electoral. Ellos investigarán y determinarán si corresponde notable abandono de deberes».
Insiste en que «la formalidad dice que tiene que leerse en el Concejo Municipal para que tomemos conocimiento. Después de eso, como cuerpo colegiado, podemos ver si presentamos estos antecedentes al Tribunal Electoral Regional con un mínimo de tres concejales…».
Lazos de amistad con el alcalde no tiene, lo aclara Ramos, «pero si de cordialidad, de trabajo profesional con lo que hacemos. Sin embargo, en la interna no sé cómo está con todo lo ocurrido. Lo que me preocupa es que hay diferentes versiones de parte de la gente que lo asesora y eso me llama la atención. Dicen que tiene todo en orden, que es culpa de la administración anterior, por lo tanto es un poco disperso en cuanto a sus opiniones.
Y si bien es cierto que las administraciones anteriores tuvieron un desorden administrativo, hay que hacer la salvedad de que el informe de la Contraloría, el que pude leer, dice que en un año se triplicó la deuda, y eso fue en 2014, justamente con este alcalde, entonces culpar a las administraciones anteriores no es lo correcto».
Nicolás Aguirre, concejal por Renovación Nacional, dice que «los concejales no tenemos idea del documento y lo que sí sabemos, por rumores, es que la Contraloría le mandó el informe al alcalde, pero para poder opinar tenemos que conocerlo. En uno de los últimos concejos se les preguntó al alcalde y a la secretaria si ese documento lo habían recibido. Y ella fue bien clara: Les dijo que los documentos que llegan de la Contraloría deben por obligación leerse, así que si demuestran que la Contraloría le ha enviado un documento y que ella no lo hizo público, podían denunciarla, pero como no ha recibido ningún documento no se puede dar lectura. Entonces estamos a la espera de que ese documento llegue a la alcaldía y una vez que así sea, en la reunión más próxima del concejo se dará lectura, que sería el martes 8 de diciembre».
Aguirre reconoce que al alcalde lo ve tranquilo, «porque dijo tener todas las pruebas de la acusación que le están haciendo.
Es más. Tengo entendido que si al alcalde le ha llegado algo, le llegó a nombre de Claudio Rentería y a su casa, así que si no llega a la alcaldía y al nombre del alcalde, no se puede dar a conocer. Pero está tranquilo, muy tranquilo».
El concejal Patricio Reyes (DC) quiere, al igual que muchos adherentes y detractores, que esto se aclare.
Por eso manifiesta que «no sé quién tendrá la culpa, si esta administración o la anterior, pero yo me atengo a la ley, la que dice que tenemos que darnos por notificados y con los antecedentes, podremos hacer un juicio claro.»
