Una protesta poco común se anuncia para el próximo martes 15 de diciembre en La Serena. Esta vez serán los choferes de buses urbanos de las empresas que operan en la conurbación –Lisanco, Liserco y Lincosur–, quienes marcharán para hacer notar las gravísimas violaciones a sus derechos laborales de las que dicen ser objeto.
La marcha irá desde la Feria de Abastos hacia la Intendencia Regional, desde las 11:30. Al término del recorrido intentarán entregar una carta al intendente Claudio Ibáñez.
Miguel Tapia, presidente del Sindicato de Choferes de Lincosur, explica que las irregularidades se refieren a diversas materias. “Las jornadas de trabajo son muy extensas, 14 ó 15 horas diarias. El sistema operacional es que tenemos que trabajar para nosotros y para ellos”, es decir, que cada día los conductores deben reunir una recaudación para el propietario de la máquina y el combustible de la jornada, y sólo el resto de los cobros queda para ellos.
“La plata la completamos a eso de las 18:00 horas, son unos $ 85.000 para el dueño, y de ahí nos damos otras vueltas para nosotros. Al otro día ya el cuerpo no rinde. A la vez, no nos otorgan los descansos que corresponden, dicen que las máquinas no pueden quedar paradas, pero eso no es nuestra culpa”, asegura.
Pero aún, acusa que los empresarios ni siquiera pagan el sueldo mínimo que figura en los contratos de los choferes, quienes serían obligados a firmar las planillas de salarios para seguir teniendo derecho a manejar taxibuses.
Además, según Tapia, cuando un chofer se atreve a denunciar estas prácticas, los empresarios de las tres líneas les cierran las puertas para seguir trabajando en el rubro, cuestión que perpetuaría el silencio reinante hasta hoy.
El dirigente manifiesta que este modelo de gestión se originó hace unos ocho años, cuando gran cantidad de ex mineros del norte adquirieron buses y concentraron la propiedad. Agrega que estas irregularidades laborales han sido comprobadas y sancionadas por las autoridades competentes, pese a lo cual siguen reiterándose.
Mediante la marcha, exigirán el cumplimiento de las normas del trabajo, el pago de remuneraciones y que el gobierno suspenda el otorgamiento del subsidio asociado al transporte de estudiantes, que asciende a unos $2.800.000 por máquina al año y que, en opinión de Tapia, debiera destinarse en un 30% a los choferes.
“Justo Álvarez, el presidente de la Federación Regional del Transporte Mayor, se niega a recibirnos y a otorgarnos el 30%. Ellos se niegan a ningún ordenamiento”, asegura.
