El Consejo de Defensa del Estado, organismo encargado de velar y proteger los intereses del Estado, hasta ahora no había aparecido como demandante en el caso de presuntos delitos del llamado Papaya Gate, referido a compras de terrenos en la administración de la ex Intendenta Lucía Pinto Ramírez.
Ahora sí son parte querellante pues está en juego el presuntos mal uso de dineros de todos los chilenos.
El servicio ha tenido en al menos dos oportunidades los antecedentes del Papaya Gate en la tabla de su Comité Penal, en la investigación que se está realizando en Valparaíso junto con la Fiscalía local de esa ciudad, donde se lleva el caso.
En entrevista con Carlos Vega, abogado procurador fiscal de La Serena del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cargo que ostenta desde hace 29 años y que es el equivalente en jerarquía a un jefe regional de servicio, explica el rol del organismo y en qué circunstancias se hacen parte de las querellas.
El cargo se llama abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado y hay uno en cada ciudad de asiento de Corte, como en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, entre otras.
«Es un servicio público descentralizado que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y la función principal es la defensa judicial de los intereses del Estado», explica Vega.
En la oficina de La Serena trabajan 14 personas, entre abogados, administrativos y auxiliar.
Causas emblemáticas
Vega comenta que a lo largo de la historia del CDE ha habido varias causas emblemáticas que han llamado la atención de la ciudadanía, relacionadas con inmuebles fiscales, reivindicaciones de caminos, como en Tongoy, específicamente la Hacienda el Tangue, entre otros.
«El mismo camino internacional San Juan-Coquimbo, que un día se pretendió por particulares que eran de dominio privado y hubo que defender la propiedad del Estado, como sí se obtuvo en al menos estos dos casos».
Ha habido otras causas de connotación social donde les ha tocado intervenir, como la causa penal contra el ex alcalde de Coquimbo y actual diputado Pedro Velásquez, otra contra el ex gobernador del Choapa Julio Rojo… han sido varias a lo largo del tiempo.
En cuanto a la forma de trabajo, explica que «dentro de la defensa judicial que le corresponde al Consejo de Defensa del Estado, por decirlo a nivel global, hay dos aristas, la civil y la penal».
En cuanto a la arista penal, «según nuestra ley orgánica, nos corresponde cuando hay delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de su desempeño, o en el caso que hayan pérdidas, malversación o detrimento de fondos estatales, que son los casos en que al CDE le corresponde actuar penalmente, por lo que intervenimos en el proceso junto con el Ministerio Público, en donde nos toca querellarnos por los casos que señalaba, y si es el caso formular acusación para ir a juicio».
«En el ámbito civil no hay mucho que ver con el Ministerio Público, salvo en casos que nos toque defender al Estado cuando se imputa responsabilidad de la Fiscalía en alguna causa penal y por lo tanto se pretenden indemnizaciones civiles, y ese caso nos corresponde asumir la representación del Estado», puntualiza.
Estallido social
En otras materias aboradas con el abogado Carlos Vega, del CDE en la zona, estuvo lo referido al estallido social, comenta que el CDE se hizo parte y presentó querellas por delitos de incendio que afectaron a los inmuebles patrimoniales de la Seremía de Desarrollo Social y la Seremía del Trabajo.
«Fueron cinco edificios de la zona típica por los que se presentaron querellas por delitos de incendio», comenta.
De las cuales actualmente hay unas que terminaron, porque no se pudo dar con los responsables y otro par en que aún está pendiente la investigación.
Papaya Gate: CDE de Valparaíso
Respecto del presunto fraude al fisco por la compra directa de terrenos de parte del Gobierno Regional que dirigía la ex Intendenta Lucía Pinto, para un centro deportivo que construiria la Municipalidad de La Serena en el sector San Joaquín, sin consultar a la Contraloría, al igual que sucedió con terrenos comprados en forma directa a particulares en La Cantera para el futuro hospital de Coquimbo, lo que bordea 9.800 millones de pesos; episodios hechos públicos en septiembre de 2020, y que por haber ocurrido en La Serena Radio Bío Bío los bautizó como el Papaya Gate, Vega explica que nada ha pasado por sus oficinas, pues todo está concentrado en el Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso.
«Como está a cargo de la Fiscalía de Valparaíso, la causa no la llevamos nosotros, sino que la procuraduría fiscal de Valparaíso, y ellos actúan vinculadamente con el Ministerio Público en la recopilación de antecedentes y en las estrategias que imparte el Comité Penal del Consejo de Defensa de Estado, que obviamente está en conocimiento de la situación».
En ese sentido, el Consejo de Defensa del Estado ha tenido en al menos dos oportunidades los antecedentes del Papaya Gate en la tabla del Comité Penal de la entidad, pero por diferentes motivos no se ha avanzado.
«Pero más detalles desconozco… porque la causa no la llevamos nosotros, la lleva el Consejo de Defensa del Estado pero a través de la procuraduría fiscal de Valparaíso», puntualiza.
A mayor detalle, la compra de esos lotes de terrenos fueron sin la Toma de Razón en Contraloría, aún cuando este organismo le hizo el reparo a la Intendenta en cuatro oportunidades, rechazándole el intento de cerrar negocio con los empresarios de la zona, pero élla insistió, concretando la compra de los sitios en una notaría y además, dice el informe del contralor, haciendo los debidos pagos.
El sitio para Deportes es una zona de suelo rocoso y quebraddillas. El otro, destinado al hospital de Coquimbo, está cruzado por cables de alta tensión. Según Contraloría, sería ilegal la compra de terrenos en forma directa sin la toma de razón previa (revisión de contratos ) en ese organismo.
Producto de lo ocurrido, dificil de explicar para el Gobierno, le costó el cargo a la periodista Lucía Pinto y de paso también a funcionarios de alto nivel del Gobierno Regional.
A tal nivel escalaron los hechos, con carácter de escándalo por el presunto millonario fraude al fisco, que la Cámara de Diputados a comienzo de diciembre creó una comisión investigadora del Papaya Gate. La comisión buscaría si es que el Gobierno Central, o al menos el Ministerio del Interior, tendría conocimiento de lo que estaba sucediendo en la Región de Coquimbo. También analizarían en detalle cómo fue el proceso de compra de esos terrenos.
A su vez el ex gobernador de Limarí, Dario Molina, ex UDI, exigia públicamenrte anular los negocios hechos por la Intendenta Pinto.
Por otro lado, transcurridos unos meses fue consultado por Diario La Región el nuevo Intendente Pablo Herman sobre qué pasaría con las negociaciones, a lo que respondió que el proyecto hospital de Coquimbo seguía adelante, porque Contraloría no fue explícita en decir que se debían anular los negocios.
