Una serie de acciones correctivas, que deberán ser ejecutadas a más tardar a fines de julio, ordenó la Contraloría Regional de Coquimbo, luego de identificar irregularidades administrativas en la Gobernación Provincial de Choapa, algunas de ellas bastante difíciles de explicar.
El organismo de control practicó una investigación especial, identificada con un número 298 de 2015, a partir de una denuncia formulada con reserva de identidad, la cual constaba de 16 presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en dicha repartición. Luego de un extenso proceso, que consideró visitas de funcionarios a la gobernación cuestionada, revisión de antecedentes, entrevistas con empleados que laboran en el edificio del gobierno provincial, y la entrega de descargos y respuestas por parte de la institución controlada, el informe final de la investigación fue liberado el pasado 29 de mayo, siendo despachado tanto al gobernador provincial, Patricio Trigo, como a la intendenta regional, Hanne Utreras.
La primera falta detectada consistió en la suscripción de un convenio entre la gobernación y una minera de la zona, para la ejecución de un “Programa Seguridad Pública” en la Provincia de Choapa, con financiamiento de la empresa. El documento fue firmado originalmente en el año 2010, y su última adenda, el 1 de abril de 2014. Sin embargo, la Contraloría advierte que los gobernadores provinciales no cuentan con facultad legal para establecer esta clase de acuerdos. En estricto rigor, esto implica que todo lo obrado en virtud de tal convenio carece de legalidad.
“Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional, representar judicial y extrajudicialmente a éste, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el consejo”, señala el informe.
FALTAS ADMINISTRATIVAS
Por otra parte, la Contraloría Regional detectó también otras fallas administrativas: que el chofer del servicio fue reemplazado en julio de 2014 por un funcionario a contrata de escalafón administrativo, carente de la calidad funcionaria necesaria para hacerlo; que el vehículo placa CYBJ-59, utilizado regularmente para transportar al gobernador provincial, carece del distintivo estatal, sin contar con autorización para ello –por tanto, eventualmente podría ser usado fuera de horario o para fines distintos a los reglamentarios, sin que nadie lo advirtiese desde el exterior–; y que el gobernador Trigo no cumplía con ningún procedimiento de control de asistencia diaria a su trabajo, debiendo hacerlo de ahora en adelante, marcando sus entradas y salidas en el reloj control del recinto.
En el informe se describen otras denuncias que, de acuerdo con las atribuciones de la Contraloría, no pueden ser corroboradas, pero solamente por falta de documentos, y incluso una acusación por enriquecimiento ilícito, para la cual el organismo de control se declara incompetente por ser materia propia del ámbito del Ministerio Público.
