El jueves 15 de marzo , la gobernadora provincial de Elqui, Daniela Norambuena, entregó desayunos a migrantes que esperaban su trámite en el Departamento de Extranjería, donde estuvieron presente partidarios de Renovación Nacional. Momento que el ex seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Bravo Valenzuela, aprovechó para estampar una denuncia en la Contraloría, argumentando que utilizó las dependencias del Estado para realizar una actividad político partidista, violando de paso las disposiciones constitucionales de la Ley 18.575 y realizando además, una contravención al principio de probidad.
Siete meses después, la Contraloría se pronunció indicando que «el análisis de la denuncia efectuada por el señor Bravo Valenzuela, así como de la información que fue publicada en las cuentas oficiales de esa Gobernación Provincial, según lo comunicado por la misma repartición, se advierte que la situación de la especie contraviene las disposiciones legales citadas». Y junto con acoger la denuncia del ex seremi, anunció que se «procederá a instruir el correspondiente proceso disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas, cuyos resultados le serán comunicados en su oportunidad», señala el Oficio 3996, firmado por el Contralor Regional, Hugo Segovia Saba.
En la misma resolución de Contraloría, se establece que la defensa de la Gobernación Provincial de Elqui, en el informe, sostiene que «en la entrega de dichos desayunos en ningún momento se distrajeron recursos públicos de ninguna índole, pues fue financiado con recursos particulares y que la ocupación del espacio del recinto fue breve y en un lugar que no entorpeciera a los funcionarios ni al público asistente a realizar sus trámites, todo con un fin último que es eminentemente humanitario».
Y añade que dicha actividad «fue difundida por las redes sociales Facebook y Twitter y que, por error comunicacional, incluía la militancia de los voluntarios y también, erróneamente, se catalogó como pertenecientes a cierto grupo etano en particular, lo que fue subsanado por el asesor de comunicaciones de esa repartición, .quien borró, dicho contenido dejas redes sociales de esa Gobernación Provincial».
No obstante, en tal contexto, el artículo 19 de la citada ley N° 18.575, dispone que «el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración».
En igual sentido, la letra h del artículo 84 de la ley N° 18.834, precisa que un funcionario tiene prohibido «realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones».
«No comprendo que aún siga en el cargo…»
Como no existe resultado aún y el informe sólo dice que es la orden de investigar, desde la gobernación no quisieron referirse al tema.
Si lo hizo el ex seremi, quien señaló que «en una resolución inicial, la Contraloría encontró que la gobernadora Norambuena había faltado gravemente al principio de probidad administrativa al usar recursos públicos en una actividad político-partidista, y dándola a conocer a través de las redes sociales, lo que obviamente se encuentra totalmente alejado con los principios básicos de una autoridad tan alta como lo es una gobernadora y, por lo tanto, la Contraloría ordenó instruir un sumario para aplicarle las sanciones correspondientes por dicha actividad».
Agregó que «el proceso disciplinario es establecer la sanción que le va a corresponder producto de su actuar irregular y violando las normas básicas de probidad administrativa que establece que se prohíbe estrictamente realizar cualquier actividad político-partidista, como la realizada por ella en dependencias de la gobernación».
Además, el ex secretario regional ministerial afirmó que «me llama profundamente la atención que existiendo esta resolución de Contraloría, todavía siga en el cargo. Con qué cara presentas un Gobernador en una actividad pública, sabiendo que ha violado un principio básico que es la probidad. Esperando qué sanción se la va aplicar, mantener una autoridad es rebajar la calidad de la política en una región. ¿Sabe? En derecho hay un dicho muy claro que dice: ‘a confesión de parte, relevo de prueba’ y ellos dieron a conocer esta actividad y ya no hay nada más que probar. Está acreditado que ellos realizaron la actividad, que no ha sido desmentido, en dependencias de una gobernación donde se utilizó el Twitter y el Facebook de la gobernación, para de una u otra manera posicionar a Renovación Nacional en la región usando recursos públicos».