Ayer la primera Sala Corte de Apelaciones de La Serena en audiencia, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el Juzgado de Garantía a los imputados del cargo de infracción al giro bancario con perjuicio, estafa y lavado de activos, el argentino Diego Morani y Francisco Zepeda Vásquez, representantes de la empresa Investing Capital, con sede en La Serena, y con sucursales en Antofagasta, Copiapó, Santiago y Puerto Montt.
Según los antecedentes de la formalización de investigación, los imputados cometieron la conocida «estafa piramidal» que afectó a 3.500 personas en todo el país, las que perdieron sus inversiones por un monto que bordea los $34 mil millones de pesos, que depositaron en las cuentas de la empresa de Morani, que fue arrestado en agosto pasado, el quedó en prisión preventiva para ser formalizado en la investigación junto al representante legal de Investing Capital, Francisco Zepeda.
A raíz de la imposición de la medida cautelar más gravosa del Código Penal, la defensa de ambos imputados presentó un recurso ante el Tribunal de alzada serenense, para pedir el cambio de la prisión preventiva por arraigo y firma periódica ante la autoridad, petición que fue rechazada por los Magistrados de la Corte.
Promesa de
grandes ganancias
en «corto plazo»
El fiscal Carlos Vidal manifestó que la Corte mantuvo las medidas cautelares impuestas por dos razones principales, «Zepeda y Morani, están relacionadas al control y captación de fondos de forma habitual de dinero de clientes, bajo la figura del artículo 39 de la ley general de bancos en la causa denominada Investing Capital SpA, y el fallo de la Corte declara que la prisión preventiva de ambos imputados, correspondía, por peligro para la seguridad de la sociedad y adicionalmente por peligro de fuga».
Respecto las devoluciones de activos a inversionistas a los que los imputados prometían grandes ganancias «en corto plazo», y el estado procesal actual de la investigación el fiscal señaló, «esta causa tiene varios frentes, partido por el aseguramiento patrimonial de las víctimas en virtud de lo cual los dineros que se lograron recuperar por parte del fiscalía fueron entregados por resolución judicial a un síndico que está efectuando el reparto a las víctimas, logrando retribuirles un porcentaje de alrededor del 60 por ciento de lo estafado de acuerdo al conocimiento que tenemos de las cuentas de la empresa y los imputados y en la arista penal en total son seis los formalizados de los cuales los principales autores del ilícito quedan en prisión preventiva».
