Este miércoles, abogados de cuatro imputados por presunto fraude al fisco en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, elevaron sus alegatos en la corte de alzada para revertir las medidas cautelares.
Por Joaquín López
Fue la semana pasada cuando el Juzgado de Garantía ordenó la prisión preventiva para cuatro personas por el bullado caso de irregularidades y supuestos ilícitos en la Corporación Gabriel González Videla de La Serena. La decisión se basó en que estos individuos tendrían un mayor grado de participación en lo sucedido.
En esa instancia también fueron formalizados por asociación ilícita y lavado de activos, por lo que 13 de los 22 imputados quedaron con arresto domiciliario y arraigo nacional. Y ayer en la Corte de Apelaciones se realizaron los alegatos respecto de los cuatro imputados, quienes apelaron a la decisión del Juzgado de Garantía de prisión preventiva, la que finalmente fue confirmada.
A la salida de la Primera Sala, Rodrigo Álvarez, abogado del municipio serenense, comentó que las defensas hicieron sus respectivas alegaciones intentando modificar el cambio de estas medidas cautelares, ya sea, arresto domiciliario total o parcial y arraigo nacional.
«Entendemos que todos los argumentos que se vieron el día de hoy (ayer) fueron los mismos que se vieron en la audiencia de control de detención y formalización, por lo tanto, eso también fue un fundamento para solicitar que se mantenga la medida cautelar, en el sentido de que no existen nuevos antecedentes que nos permitan modificar la misma», señaló.
El ministro de la Corte, Felipe Pulgar, indicó que, por fallo unánime, se decidió confirmar la decisión del Juez de Garantía que decretó la prisión preventiva para cuatro de los imputados por delitos de fraude al fisco, estafa, asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de instrumento público.
«Al igual que lo hizo el Juez, la Corte estimó que concurrían las características propias de los delitos, a partir de una asociación formada por, al menos, estos cuatro imputados, que se encargaban de contactar a personas del sector, quienes realizaban la entrega de boletas de honorarios por servicios que jamás se prestaron, pero se hacía un certificado por parte de los imputados que daba cuenta que sí lo habían hecho y, por lo tanto, procedía el pago», explicó.
Según describe el magistrado, este sistema de defraudación utilizaba dineros destinados a programas municipales asociados a la red de salud y consumo de droga, afectando, además, fondos destinados para personas vulnerables, como adultos mayores, niñas, niños y adolescentes.
«Consideramos que este delito atendía la penalidad que detenta y el grado de ejecución, sumado a la organización interna que ellos podían tener, definiendo sus roles, posiciones y jerarquía, lo que permite entender constituida la hipótesis, hasta lo que va en este estado procesal de asociación ilícita y de falsificación de instrumento público», indicó.
