Esto debido a millonarias deudas que mantiene el municipio por facturas impagas a distintas empresas, las que han demandado al edil Yerko Galleguillos. La autoridad señaló a principios de este mes que no cancelaría los dineros mientras no tuviera la certeza de que los servicios se prestaron correcta y oportunamente, y mantuvo su posición tras el fallo de la Corte. Por lo pronto, luego del dictamen debiese pasar 5 días tras las rejas.
La crisis en el Municipio de La Higuera se viene gestando desde hace varios meses y ayer se escribió un nuevo capítulo de esta entrampada historia, que golpeó por partida doble al alcalde Yerko Galleguillos. Primero con el embargo de dineros y luego con el rechazo del recurso de amparo que había interpuesto por una de las órdenes de arresto que existían en su contra.
Según informa el portal elcomunal.cl, el Tercer Juzgado de Letras de La Serena resolvió el embargo de los dineros que hayan ingresado a la Municipalidad de La Higuera por conceptos de permisos de circulación, desde el 1 de febrero del 2024 hasta el 1 de mayo de este mismo año. Esto por facturas impagas que ascenderían a montos superiores a los 100 millones de pesos.
Pero esta no sería la única acción legal en contra de la casa edilicia, ya que existirían 16 demandas por parte de empresas de factoring, también por un total de 18 facturas no canceladas. De hecho, el edil Galleguillos acumularía cuatro órdenes de arresto y al menos una querella que estaría siendo investigada por el Ministerio Público, según consigna elcomunal.cl.
En conversación con nuestro medio el pasado 4 de abril, cuando había sido decretada una orden de arresto en su contra, señaló que desconocía la fuente y manifestó que no había sido notificado. «Si esto fuera así, tendrían que notificármelo y luego nosotros generar todas las acciones tendientes a apelar, pero mientras no seamos notificados, no se puede hacer nada», sostuvo en su momento el edil.
Sin embargo, admitió, obviamente, tener conocimiento del tema en específico, refiriendo que «todo este tema está judicializado y además existe un sumario administrativo en la municipalidad, por tanto no me puedo pronunciar (…) El Tribunal tendrá que determinar responsabilidades, pero hasta el momento no hemos pagado (las facturas) y no vamos a pagar mientras no tengamos la certeza de que los servicios se prestaron correcta y oportunamente», finalizó el alcalde a principios de mes.
Frente a las órdenes de arresto que se sucedieron, Galleguillos interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de La Serena, recurso que ayer fue rechazado, según informaron desde el Tribunal de Alzada. «La Corte de Apelaciones de La Serena rechaza la acción constitucional de amparo interpuesta por la defensa del alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos Ossandón, en contra de la orden de arresto por 5 días dictada por el Primer Juzgado de Letras de La Serena, como medida de apremio por no cumplir con la dictación del decreto del pago de una factura», dice el dictamen.
Además los magistrados contravienen los argumentos que sustentaban el recurso de Galleguillos. «Si bien el recurrente desliza en su argumentación la hipótesis que la obligación que sustenta el juicio ejecutivo en que se dictó la resolución no existiría, como también que ésta no habría sido contraída por la Municipalidad, según se dijo en el párrafo anterior, aquello no es posible debatir en esta instancia, a lo que se une que el recurrente no aportó antecedente alguno para sostener esa alegación», sostiene el fallo.
El escrito señala que, en distintas oportunidades, al alcalde de La Higuera se le fueron dando instancias para resolver el asunto, con medidas menos gravosas, con tal de que pagara lo adeudado, sin embargo se debió llegar a la orden de arresto debido a que Galleguillos persistió en el no cumplimiento. «La resolución cuestionada emana de autoridad competente, la que ha actuado dentro de una hipótesis prevista expresamente en la ley, y que, en forma previa a la aplicación del apremio en cuestión, agotó las medidas de menor intensidad que el ordenamiento jurídico otorga al órgano jurisdiccional para el cumplimiento de lo resuelto, las que se han ido imponiendo en forma gradual y en la medida que el recurrente persiste en el incumplimiento de la orden judicial que le afecta», puntualizan.
Lo que viene ahora para el edil sería pagar los dineros, para lo cual tiene un plazo de 5 días hábiles corridos, sin contar domingos, y cuyos montos alcanzarían un total de 1.600 millones de pesos -aunque para este proceso en sí, la cifra sería menor-, o ir a la cárcel por cinco días. Aunque aún tendría una posibilidad, que sería la de recurrir a la Corte Suprema.