En el mes de julio del año pasado, un informe denominado como «Informe Final Sobre Auditoría Practicada a los Gastos Incurridos por los Consejeros Regionales, Gobierno Regional de Coquimbo, Durante el Año 2010» se revisó un total de $165.753.123, de los cuales $25 millones deberán ser reintegrados en su totalidad. Casi un año después y luego de pasar por la Corte de Apelaciones de La Serena y, finalmente la Corte Suprema, los CORE deberán reintegrar los dineros involucrados.
Según el dictamen del máximo tribunal del país luego que los COREs conocieron el informe de la Contraloría a través de un examen de cuentas permitió establecer que los consejeros rindieron consumos en restaurantes y hoteles, «cuya documentación carece de otra información que no sea la fecha y el valor», se señaló en aquella oportunidad a lo que se sumó que la Contraloría determinó que los CORE cobraban su dieta (10 UTM) «no estando en reiteradas ocasiones durante las votaciones» o porque se cobró la dieta «ausente en 24 de 31 acuerdos».
Por tal motivo los COREs presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena ya que según sus argumentos «la Contraloría General de la República ha incurrido en una actuación ilegal o arbitraria, que implique privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de las que son titulares del CORE recurrentes», aspecto que acogió la Corte y ante lo cual la Contraloría recurrió a la Corte Suprema para que dictaminará en definitiva el fondo de la causa.
En este contexto los Ministros de la Tercera Sala, Pedro Pierry, Rosa María Maggi y María Eugenia Sandoval, consideraron que «se revoca la sentencia de fecha 8 de marzo de 2013…y se declara que se rechaza el recurso de protección», con lo cual se da curso «a la decisión del contralor regional de Coquimbo en cuanto dispone la obligación de reembolsar las sumas percibidas en exceso por los recurrentes no contribuye un acto arbitrario o ilegal, todo lo contrario, importa el cumplimiento de la obligación legal que pesa de velar por el adecuado uso de los fondos públicos».
El dictamen definitivo agrega que el actuar del contralor «no puede importar privación, perturbación o amenaza a los derechos y garantías que denuncian amagadas en el recurso (de protección), por lo es rechazado».
En el inciso Sexto del dictamen se redactó que «los COREs tendrán derecho a una dieta mensual de 10 UTM ($402.000 aprox.), la que se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones del Consejo celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias del consejero y considerando, para tales efectos, tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias».
