El 6 de julio de 2017 fue ingresado a la Corte Suprema un recurso de nulidad que buscaba la revocación de la resolución de calificación ambiental del proyecto portuario Cruz Grande, de CAP, a 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
El 14 de septiembre pasado la decisión ya estaba tomada por los ministros integrantes, pero faltaba la redacción del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Era un recurso de casación en el fondo presentado por Johannes van Dijk y el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de la Comuna de La Higuera (Modema) en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, del 31 de mayo pasado, que confirmó la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable para el proyecto Puerto Cruz Grande.
Finalmente la Corte Suprema entregó su fallo en relación al recurso de nulidad en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, que había rechazado de manera unánime, la reclamación interpuesta por los ya citados.
A juicio del máximo tribunal el recurso de nulidad «adolece de manifiesta falta de fundamento. El Comité de Ministros contaba con elementos de juicio suficientes para evaluar los impactos ambientales asociados a las rutas de navegación del proyecto, desde que su facultad de revisión no se limita al examen de la legalidad del acto administrativo impugnado».
Añade que «los falladores tuvieron presente al resolver que el Comité de Ministros modificó la RCA con el objeto de considerar los impactos de las rutas de navegación en la evaluación ambiental del proyecto, dado que su proximidad a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y a la Reserva Marina Choros-Damas, justificaba su evaluación (…) lo que permite concluir que, efectivamente, la autoridad administrativa dio debida consideración».
Oceana calificó de «impresentable» la aprobación del proyecto Cruz Grande. «Es impresentable que en Chile se estén aprobando proyectos que no reúnen los estándares mínimos ambientales, se está embargando el futuro de uno de los ecosistemas más importantes del mundo», señaló Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana.
Bajo esta misma línea, Nancy Duman, de la ONG Sphenisco, comentó que «creemos que es un grave error no haber acogido el reclamo, puesto que Sphenisco había denunciado las irregularidades del proceso de evaluación del proyecto Cruz Grande ante que sucediera la votación por la comisión ambiental».
«Se asemeja mucho a los errores y deficiencias que ha tenido el proyecto Dominga, nosotros lo denunciamos en una carta abierta, enviada antes del 30 de enero de 2015, lamentablemente en esos momentos no había un movimiento ciudadano con el que existe hoy y este proyecto se aprobó solo con un voto en contra del seremi de agricultura, quien haciéndose cargo del informe técnico del servicio, que no cumplía con la normativa ambiental, puesto que debió haber incluido dentro del área de influencia a las reservas, es un proyecto que está al medio de un ecosistema que va a dañarlo» agregó la líder la agrupación ambiental.
Respecto a las acciones a continuar por parte de Sphenisco, cercanos a Modema, Dumas dijo que «estoy segura que vamos a seguir adelante para lograr que este proyecto no se construya, vamos a apelar y recurrir a la corte internacional», acción que se sumará a la de Ocena que durante los próximos días, los abogados presentarán un recurso de reposición para que se presenten los alegatos en que se expongan los argumentos que avalen el por qué se debe rechazar este proyecto, según informaron en un comunicado.
Desde el Grupo CAP, valoraron la resolución del Corte Suprema en donde el gerente general Erick Weber, según consigna Diario Financiero, dijo que el puerto, que tiene el potencial de reconvertirse en un proyecto de puerto multipropósito, «representa un activo estratégico no solo para la compañía sino que también para Chile», por el rol que puede jugar en la integración con países del cono sur.
Además señalaron que «podemos asegurar que el diseño del proyecto puerto Cruz Grande contiene especiales resguardos para reducir significativamente cualquier posible externalidad de carácter ambiental, al mismo tiempo que generaría valor económico y social para la región».
