Un problema sanitario grave afecta a cientos de familias del sector de viviendas sociales de Barrio Estación, en la comuna de Los Vilos. La planta de tratamiento de aguas servidas que debe procesar los desechos de 159 viviendas se encuentra fuera de servicio debido a una deuda impaga, lo que provocó el desbordamiento de aguas residuales que colapsaron el sistema de alcantarillado.
Por Joaquín López
Juan Hisi, consejero regional por la provincia del Choapa y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social, denunció que el Serviu no está cumpliendo con sus responsabilidades, dado que estas viviendas aún no han sido traspasadas oficialmente a sus propietarios. «El Serviu tiene que responder por este tipo de proyectos, que aún no cumplen los cinco años necesarios para ser entregados a los dueños. Cuando fui al lugar, vi cómo el agua de la planta de tratamiento estaba evacuando por otros sectores». Además, señaló que, si se realizara una fiscalización adecuada, las autoridades deberían clausurar el lugar y evacuar a las familias para evitar un brote sanitario.
El problema, según el CORE, radica en que las viviendas fueron entregadas de manera apresurada, en plena campaña electoral, sin haberse solucionado las fallas estructurales y técnicas que ya habían sido señaladas previamente. En lugar de subsanar esos problemas, se optó por acelerar la entrega de las viviendas. «Esta entrega anticipada respondió a intereses políticos, ya que había presiones para inaugurar el proyecto antes de las elecciones, aunque las casas no estuvieran completamente terminadas ni las observaciones solucionadas», explicó.
Este apresuramiento en las entregas provocó que la planta de tratamiento de aguas servidas no fuera adecuada para el número de viviendas en el sector. Según el consejero, el sistema de evacuación de aguas residuales no tiene la capacidad suficiente para procesar el volumen de desechos generados por las 159 viviendas, lo que ha dejado a la planta incapaz de cumplir su función de manera adecuada. Ante esto, solicitó al Serviu que evalúe la posibilidad de ampliar y modernizar la planta para evitar futuros problemas.
Además del problema con la planta de tratamiento, también fue notificado de un incumplimiento de la normativa por parte de los beneficiarios de estas viviendas, quienes estarían arrendando ilegalmente sus casas. Este tipo de prácticas, según el consejero, afecta directamente a las familias más necesitadas que realmente requieren el subsidio social. «Es gravísimo que haya personas que estén lucrando con estas viviendas, viviendo fuera de la región y usando las casas como propiedades de veraneo. Las viviendas sociales están destinadas a quienes más lo necesitan, no para negocios ilegales», aseguró.
Por su parte, criticó la falta de fiscalización por parte del municipio, que es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en estos proyectos. «La fiscalización realizada hace poco fue un total chiste. Se necesita una revisión más comprometida y profesional para evitar que esto siga ocurriendo», indicó. El consejero señaló que tanto el Serviu como el municipio se han estado pasando las responsabilidades entre sí, lo que ha generado un vacío de acción y ha dejado a las familias en una situación crítica.
Enfatizó en la necesidad de encontrar una solución definitiva a estos problemas. «No podemos seguir entregando soluciones parche. El municipio ha entregado algunos aportes, pero lo que realmente se necesita es una solución estructural y una fiscalización seria para evitar que la situación se agrave más. ¿Qué estamos esperando, que ocurra una tragedia sanitaria para actuar?», concluyó el consejero.
Como parte de las medidas propuestas, solicitó una mesa de conversación tripartita entre el Serviu, los dirigentes sociales y el municipio, para abordar la situación de forma integral y encontrar una solución a largo plazo.
