Hasta ahora, el Senador no había aparecido mencionado en la bullada investigación por el presunto Fraude al Fisco. Sin embargo, un testimonio da cuenta que el entonces diputado UDI, con anterioridad a que explotara el caso, habría hecho gestiones en favor de José Cáceres, uno de los imputados.
Por estos días de septiembre, se cumplirán cuatro años desde que estalló públicamente el caso que Radio Bío-Bío bautizara como el «Papaya Gate», que se resume en que la Intendenta de la época, Lucía Pinto Ramírez, adquirió en forma directa, después de varios intentos objetados por Contraloría, a privados de la zona, un terreno por valor de 9.800 millones de pesos en el barrio San Joaquín de La Serena; operación que tampoco tuvo la toma de razón del ente fiscalizador y que, además, estaba sobrevalorado.
Caso explota
Tras ese estallido periodístico, Pinto debió renunciar al cargo, pasando a ocupar su lugar en el mando regional el arquitecto Pablo Herman, que hasta entonces era Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas. La causa es vista por la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien ha explicado que, si bien no se ha formalizado a nadie aún, no por ello no se sigue trabajando en las indagatorias. Son parte querellante el Consejo de Defensa del Estado y el Senador de la República Daniel Núñez.
Más damnificados
Junto a Pinto, salieron de sus cargos varias personas de alto rango del gobierno regional, abogados, administrador regional, entre otros. Desde entonces no es mucho más lo que se sabe del caso, salvo gestiones anunciadas por políticos que piden se acelere la causa. A su vez, los empresarios que vendieron guardaron silencio, aun cuando en lo privado sintieron el golpe de ver sus nombres entreverados en un proceso judicial en el que ellos consideran que no hubo mala fe ni actuación impropia y que, por el contrario, habrían actuado con la más amplia libertad de comercio, en el que una parte, ellos, ofertan y la otra parte, el Gobierno, compra.
Sin embargo, esto que parece sencillo y claro para algunos, toma otro color cuando aparecen más nombres y sus nexos que, al menos a la vista, enturbian esa negociación.
Resulta que uno de los principales imputados en el caso, José Cáceres, quien llegó a la intendencia primero como jefe de la División de Planificación y Desarrollo (DIPLAN) y que luego pasó a ser Administrador Regional, antes de ocupar estos cargos, trabajó con uno de los vendedores del sitio en cuestión, que se comercializó a un precio superior al que realmente valía. Cáceres administraba una empresa de publicidad en carreteras, propiedad de uno de los empresarios que se beneficiaron con la transacción.
En tanto, en estos cuatro años La Serena no se benefició en nada, ya que sigue sin esos campos deportivos, y los pedregosos terrenos, muy irregulares en su topografía, incluida una quebradilla, están tal cual, salvo un poco más verdes después de las lluvias. Esas hectáreas deberían estar en poder del municipio de La Serena, pues el argumento para la compra, según dijo Lucía Pinto, sería para «compensar» a la comuna, dado que semanas antes el concejo comunal había cedido al Gobierno Regional un paño similar de la ex CORDEP, con canchas de fútbol, para la construcción del nuevo hospital. El municipio agradeció ese gesto y anunciaron que ahí se construiría un complejo para alto rendimiento.
Daños a las
arcas fiscales
Por otro lado, el haber cancelado esos $9.800 millones por el sitio a los privados de la zona, año en que también fue adquirido el terreno para el hospital de Coquimbo, sumando un gasto total de aproximadamente $16 mil millones, significó que el presupuesto de 2021 se viera afectado en el mismo porcentaje. Las autoridades de ese tiempo debieron hacer muchos ajustes para que, por ejemplo, funcionaran programas de Turismo y otros.
Asoma Nuevo
antecedente
El nuevo antecedente que surge en estos días, ubica en la escena al senador Sergio Gahona, quien habría sido mencionado en su momento en la declaración que hizo el ex Intendente Pablo Herman, en calidad de testigo, ante el equipo que dirige la Fiscal del caso, Claudia Perivancich.
En lo pertinente, Herman recuerda que siendo Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, recibió una llamada del por entonces diputado Gahona y de la Intendenta de ese momento, Lucía Pinto, para solicitarle que hiciera gestiones y dejara sin efecto una sanción aplicada a la empresa Feedback, la misma en la que tenía participación José Cáceres, quien después sería Administrador Regional y uno de los empresarios beneficiados con la venta de los terrenos.
Protagonistas
Sobre el particular quisimos conocer la versión del ahora senador
de la república, Sergio Gahona, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta.
A su vez, Pablo Herman dijo no querer agregar nada más sobre el caso y que aquella vez fue requerido como testigo y declaró bajo juramento para responder lo que se le consultó. Fueron varios aspectos que no recuerda bien y que sí, posiblemente eso de la llamada esté en la carpeta porque «creo que se me consultó sobre cosas que me llamaban la atención en torno al Papaya Gate. Como a muchos, a mí también me preocupó lo que estaba sucediendo, el valor pagado, la manera en que se hizo el negocio, por lo demás objetado por Contraloría varias veces».
