La acción, que apuntaba principalmente a la ex intendenta Lucía Pinto, al ex administrador regional José Cáceres, al gerente de las inmobiliarias en cuestión, Pablo Bracchitta, y al ex jefe jurídico Eduardo Espinoza, fue desestimada por el Juzgado de Garantía de La Serena, argumentando que el Consejo de Defensa del Estado es la única unidad estatal habilitada para deducir acciones criminales contra el Gobierno Regional.
El pasado lunes 27, la gobernadora Krist Naranjo y el abogado del Gobierno Regional, Ignacio Montecino, presentaron ante el Juzgado de Garantía de La Serena una querella en el marco del caso «Papaya Gate» contra diferentes presuntos implicados, en una instancia que involucra recursos por cerca de $ 9 mil 800 millones de pesos, por la compra de terrenos en el sector de Cerro Grande, en La Serena.
Recordemos que la querella presentada por la autoridad apuntaba a la ex intendenta regional Lucía Pinto, al ex administrador regional José Cáceres, el ex jefe jurídico Eduardo Espinoza y el gerente de las inmobiliarias involucradas en la compraventa, Pablo Bracchitta.
Sin embargo, sólo 48 horas después el Juzgado de Garantía de La Serena declaró inadmisible la querella interpuesta por el Gobierno Regional. Según el documento, con fecha 29 de noviembre y que constata esta determinación, esto se sustenta «por haber sido deducida por personas no autorizadas por ley».
En el punto dos de la resolución se argumenta que «los órganos y servicios públicos sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes». En el punto cuarto se añade que «ante las expresas normas legales que han dejado en el Consejo de Defensa del Estado como la única entidad estatal que queda habilitada para deducir las correspondientes acciones en materia criminal respecto de delitos que afecten al Gobierno Regional, la querella no puede declararse admisible».
INNECESARIO
Los consejeros regionales fueron críticos de esta acción por parte del Gobierno Regional, más allá de que se trate del «Papaya Gate». Al respecto, la consejera regional Paola Cortés recordó que «este caso se encuentra en la Fiscalía desde hace bastante tiempo y no hay razón para que la gobernadora hubiese presentado una querella. Incluso ella contrató un abogado (Carlos Gajardo) para acelerar las gestiones. Sin embargo, nunca se entregó al Consejo Regional un informe con sus acciones. Creo que lo que hizo esta semana buscaba desviar la atención del caso que se está llevando adelante contra ella».
La consejera Ximena Ampuero también apuntó hacia la gobernadora. «Más que una responsabilidad que le compete como autoridad, sólo han habido cosas poco claras, partiendo por contratar un abogado por más de $ 13 millones. Y justo ahora, que está enfrentando acusaciones a través del Tricel, realiza este tipo de actos administrativos. Lo hizo de mala forma o quizás no fue bien asesorada, porque en apenas dos días fue declarada inadmisible».
Tatiana Castillo, también consejera regional, sostuvo que «no está mal que se aborde esta situación, donde hay un fraude al fisco con sobreprecio. Pasó el tiempo, el abogado que contrató ya no está y vuelve a levantar el tema en un mal momento, porque utiliza estos asuntos para erigir cortinas de humo. Y para peor, todo mal estudiado, mal analizado y mal preparado. Fue pésimo, pero de todas maneras esperamos que el Papaya Gate no vuelva a quedar debajo de la alfombra».
